Irina Díaz
De los 217 ayuntamientos de Puebla, al menos 87, equivalentes al 40 por ciento, iniciaron ante la Comisión Nacional del Agua el trámite para renovar sus títulos de concesión de pozos y evitar operar fuera de la ley, informó la directora del organismo en el estado, Beatriz Torres Trucios.
La funcionaria explicó que la problemática se agudizó con el cambio de administraciones municipales en 2024. A su llegada, muchos ediles desconocen que sus fuentes de abastecimiento operan con permisos vencidos o con volúmenes de extracción desactualizados, lo que pone en riesgo el suministro de agua potable y los expone a sanciones federales y a la clausura de sus fuentes.
Tuvimos mucho éxito el año pasado, pero cuando se hace el cambio de los ediles, el cambio de las administraciones no heredan las responsabilidades administrativas que tienen con sus fuentes de abastecimiento, señaló en entrevista tras la entrega de apoyos en el Complejo Cultural Universitario.
El rezago histórico está en la Mixteca. En municipios como Chiautla de Tapia, Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros, Tepexi de Rodríguez, Tecomatlán, Tulcingo y Albino Zertuche, hay títulos que vencieron hace más de 10 años y nunca fueron renovados. En esos casos, los ayuntamientos siguieron extrayendo agua sin certeza jurídica, lo que les impidió acceder a recursos federales para rehabilitación de líneas de conducción, tanques de almacenamiento y redes de distribución.
Torres Trucios detalló que la CONAGUA mantiene mesas de trabajo permanentes con los 217 municipios y con la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Gobierno del Estado para acelerar la regularización. El objetivo central es que ningún municipio opere con concesiones vencidas, ya que de hacerlo podría enfrentar multas que superan el medio millón de pesos, la clausura del pozo y la suspensión del servicio para miles de usuarios en plena temporada de estiaje.
El procedimiento no es solo un trámite de papel. Cada renovación exige la actualización del volumen concesionado, medido en litros por segundo, la verificación física de la infraestructura de bombeo y electromecánica, el análisis fisicoquímico de la calidad del agua y la acreditación del cumplimiento de normas ambientales vigentes. Además, cada título debe precisar con claridad el uso autorizado: público-urbano, agrícola o industrial, para evitar desvíos y sobreexplotación de los acuíferos.
La directora vinculó este ordenamiento con otras dos acciones prioritarias en el estado. La primera es el combate al huachicoleo de agua. En lo que va de 2026 se han clausurado 20 pozos irregulares y se investigan más de 100 denuncias por tomas clandestinas y perforaciones sin permiso, concentradas principalmente en los acuíferos de Tecamachalco y Libres-Oriental, donde la presión sobre el recurso es mayor por la actividad agrícola intensiva.
La segunda es la tecnificación del campo. Este jueves en el CCU, la funcionaria encabezó la entrega de autorizaciones del programa federal de apoyo para la tecnificación, que contempla la instalación de sistemas de riego por goteo, aspersión, compuertas automatizadas y nivelación con láser. De acuerdo con la CONAGUA, estas tecnologías permiten ahorrar hasta 40 por ciento de agua por hectárea y elevar hasta 30 por ciento la productividad, especialmente en cultivos que dependen de acuíferos sobreexplotados.
Torres Trucios hizo un llamado urgente a los presidentes municipales que aún no han iniciado el trámite a acercarse a las oficinas de CONAGUA en Puebla para integrar su expediente antes de que concluya el año. Con esta estrategia, dijo, se busca dar certeza jurídica al agua potable y garantizar el abasto para los próximos 20 años en todo el territorio poblano.
