TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. — La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) formuló una imputación formal en contra de Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo y actual presidenta del Consejo Estatal del partido Morena en la entidad, por su presunta participación en el delito de simulación de secuestro. De acuerdo con las carpetas de investigación penal, la operación tenía como finalidad exigir un pago de rescate equivalente a 40 millones de pesos, recursos que presuntamente se destinarían a resarcir un desfalco financiero detectado en las arcas del Ayuntamiento local.
Elementos de prueba y contradicciones en la denuncia original
La funcionaria municipal reportó inicialmente ante las autoridades ministeriales haber sido privada de la libertad de manera violenta el pasado 31 de mayo. No obstante, el avance de las indagatorias periciales y la revisión cronológica de los sistemas de videovigilancia pública y privada permitieron al personal de la Fiscalía determinar la ausencia de factores de coacción, violencia física, sometimiento o resistencia material en los momentos descritos en la denuncia, sustentando la hipótesis de un autoatentamiento coordinado.
Las líneas de investigación desarrolladas por el Ministerio Público señalan que en la planificación y ejecución del operativo simulado participaron de manera directa familiares cercanos de la alcaldesa, identificando entre los presuntos coautores a su cónyuge y a su cuñado, además de otros colaboradores logísticos que intervenían en la movilización de las comunicaciones y las negociaciones del supuesto rescate financiero.
Programación de audiencia y determinación de situación jurídica
Debido a la relevancia de su encargo público y su posición dentro de la estructura partidista estatal, el caso ha concitado un amplio seguimiento institucional. Los tribunales del Poder Judicial del Estado de México programaron la celebración de la audiencia inicial de vinculación a proceso para el próximo 9 de julio, fecha en la que un juez de control evaluará la consistencia de los datos de prueba aportados por la Fiscalía.
Durante dicha comparecencia judicial, la autoridad jurisdiccional procederá a determinar la situación jurídica de la imputada y de las personas implicadas en el expediente, resolviendo lo conducente a la aplicación de las medidas cautelares necesarias para garantizar la continuidad del proceso penal y evitar la sustracción de la justicia o la alteración de las auditorías financieras en curso dentro de la demarcación de Tenancingo.
