LIMA, PERÚ (28 de julio, 2026) — La dirigente conservadora Keiko Fujimori asume este martes la presidencia de la República del Perú para el periodo constitucional 2026-2031. La toma de posesión formal ocurre más de dos décadas después de su gestión como primera dama durante la administración de su padre, el fallecido exmandatario Alberto Fujimori. La nueva jefa de Estado asume el cargo tras obtener la victoria en la segunda vuelta electoral del pasado junio frente al candidato Roberto Sánchez, proceso definido por el voto en el exterior.
Retos en seguridad pública y modelo de combate al crimen
El principal desafío de la nueva administración se centra en la contención del crimen organizado y la extorsión. Estadísticas oficiales reflejan que las denuncias por extorsión registraron un incremento al pasar de 2,421 casos en 2019 a 26,734 en 2025, impactando a pequeños comercios y al sector transporte, donde se contabilizó el deceso de 239 trabajadores del ramo durante el año anterior.
Para responder a la crisis de seguridad, la plataforma de gobierno propone las siguientes medidas operativas y legislativas:
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Estrategia penitenciaria y judicial: Implementación de políticas de “mano dura” inspiradas en el modelo penitenciario de El Salvador, incluyendo la edificación de un centro de confinamiento de alta seguridad y la instauración de tribunales con jueces de identidad reservada.
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Revisiones al marco legal: Sectores de la oposición han solicitado la derogación de reformas parlamentarias previas que modificaron la prisión preventiva, el procesamiento de partidos políticos, los esquemas de incautación de bienes a células delictivas y los procesos de colaboración eficaz.
Panorama político, demandas de la oposición y contexto económico
El traspaso de mando se da en un contexto social marcado por las exigencias de colectivos de derechos humanos y familiares de las víctimas de las protestas registradas entre 2022 y 2023. Grupos opositores han solicitado la conformación de una comisión investigadora sobre la actuación de la fuerza pública durante dicho periodo, además de peticiones relacionadas con la situación jurídica del expresidente Pedro Castillo.
A pesar de la volatilidad política observada en el país durante la última década, la administración entrante recibe un entorno macroeconómico estable, impulsado principalmente por el desempeño del sector minero y el volumen de las exportaciones.
