Irina Díaz
El hallazgo de una granja ilegal de criptomonedas en Tlaola desató un cruce de acusaciones entre el Gobierno del Estado y la dirigencia del PAN, en medio de señalamientos por guerra sucia digital y persecución política rumbo a la elección intermedia de 2027.
El caso, que comenzó como un operativo por robo de energía eléctrica, escaló políticamente luego de que se confirmara que el predio asegurado operaba con decenas de equipos de minado conectados de forma ilícita a la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con pérdidas millonarias.
Todo inició con las declaraciones del coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, quien en el programa Derecho de Réplica aseguró que al PAN ya no le quedan calles y ahora apuesta todo a redes sociales para mantenerse vigente.
“Al PAN y a lo que le queda a la derecha ya no le quedan calles”, afirmó, al sostener que el blanquiazul perdió contacto con la ciudadanía y se refugia en el entorno digital ante la falta de estructura territorial.
“Perdieron a la gente y ahora se refugian en las redes. Hacen videos desde Europa diciendo que quieren impulsar al país, cuando no pueden ni caminar una colonia sin que los corran”, declaró en alusión a liderazgos panistas que hacen activismo desde el extranjero.
García Parra aseguró que la estrategia opositora rumbo a la elección intermedia será financiar con millones de pesos granjas de bots para inflar aceptación y atacar al gobierno en todas las plataformas digitales, al no poder competir en cercanía y trabajo de campo.
“Su estrategia de aquí a la elección es clara: financiar granjas de bots para que comenten a favor de ellos de manera absurda. Van a meterle millones a eso, porque no pueden invertir en lo único que importa: la cercanía con la gente”, señaló.
El funcionario sostuvo que por más recursos que se destinen a la guerra sucia digital, eso no sustituirá el trabajo cara a cara en colonias, juntas auxiliares y municipios, que -dijo- es lo que realmente define el rumbo político en Puebla y donde Morena mantiene ventaja.
Mario Riestra acusa persecución política
Horas después, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Mario Riestra Piña, salió a responder en conferencia de prensa y acusó que existe un trato inequitativo y persecución política contra el edil panista de Tlaola, Jesús Simón Garrido, a quien se pretende vincular con la operación del centro de minado ilegal.
Riestra defendió que la localización de un ilícito en territorio municipal no implica complicidad del Ayuntamiento y exigió que se aplique el mismo criterio que en casos similares registrados en la Sierra Norte, donde estarían involucrados perfiles ligados a Morena y no hubo el mismo despliegue.
“Sentimos que no se le está dando el mismo tratamiento que a otros sucesos muy similares. Hace unos meses se encontró un laboratorio que se relacionó con un diputado federal de Morena y no pasó absolutamente nada; y hace unos días se dio a conocer otro en Huauchinango cuya propiedad es de un funcionario de Gobernación estatal y tampoco se le da el mismo tratamiento”, sentenció el dirigente.
El líder panista dijo confiar en que las indagatorias de la Fiscalía General del Estado deslindarán por completo al alcalde y al gobierno municipal de cualquier responsabilidad y pidió no politizar la investigación ni usar el caso como garrote político contra la oposición.
Hasta el momento la Fiscalía no ha imputado formalmente al edil, pero mantiene abiertas las indagatorias por robo de energía y delincuencia organizada, mientras el Gobierno del Estado ha insistido en que no habrá impunidad, venga de donde venga.
