La muerte de María del Carmen Abascal a dos semanas de ser desalojada de su vivienda intensificó los campamentos de protesta e impactó el debate electoral en el país.
MADRID.- La muerte de María del Carmen Abascal, de 87 años de edad, ocurrida dos semanas después de ser desalojada de su departamento en el centro de Madrid, reavivó este miércoles las movilizaciones sociales contra la crisis de acceso a la vivienda y profundizó la polarización política de cara a los comicios generales del próximo mes en España.
Simpatizantes de la causa de Maricarmen instalaron una ofrenda en la Puerta del Sol de la capital española, sitio donde cerca de mil personas mantienen un campamento de protesta desde su desalojo ejecutado el pasado 23 de septiembre. Manifestantes en Madrid y Barcelona atribuyeron el deceso a las afectaciones emocionales y físicas derivadas del operativo policial que retiró a la mujer en camilla del inmueble que habitó durante siete décadas.
El suceso generó repercusiones inmediatas en el escenario político nacional. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, impulsó medidas de emergencia en el Congreso para congelar desahucios y limitar la especulación inmobiliaria. Ante el bloqueo parlamentario de las bancadas conservadoras, el Ejecutivo optó por convocar elecciones anticipadas fijadas para el próximo 29 de noviembre, convirtiendo la regulación del alquiler en el eje central de la contienda.
Las organizaciones sociales, encabezadas por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, convocaron a nuevas marchas en las principales ciudades del país para exigir un tope legal a los precios de arrendamiento. Los datos de portales inmobiliarios confirman que el costo medio de las rentas en territorio español prácticamente se duplicó durante el último decenio, afectando de manera severa a jóvenes y sectores vulnerables.
Los partidos de oposición, representados por el Partido Popular y Vox, rechazaron participar en los actos de homenaje a la víctima organizados en el Ayuntamiento madrileño y solicitaron el desalojo de los campamentos urbanos. Las fuerzas de derecha argumentan que la regulación de precios desincentiva la inversión privada en un mercado que requiere la edificación de miles de soluciones habitacionales.
