Irina Díaz
El reloj político ya corre para Acatlán de Osorio, pues el Congreso del Estado de Puebla no solo abrió un expediente contra el Ayuntamiento, sino que fijó una fecha límite: antes del 15 de septiembre deberá estar listo el dictamen sobre la posible revocación de mandato de la presidenta municipal Guadalupe Bárcenas.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales avaló formalmente la recepción de diversos oficios, solicitudes e inconformidades presentadas por siete regidurías y la sindicatura municipal, quienes denunciaron una ruptura total en la gobernabilidad interna y una presunta falta de transparencia en la administración de recursos.
A estos escritos se sumó la ratificación del informe emitido por Ciro Gavilán Domínguez, titular de la Dirección de Delegaciones de Gobierno de la Secretaría de Gobernación estatal, lo que terminó por encender las alertas en el Legislativo. Con estos elementos, las y los diputados acordaron integrar y radicar formalmente el caso bajo el expediente CGPC/HCE/001/2026, con lo que inicia el procedimiento de análisis jurídico, político y administrativo del municipio de la Mixteca.
El presidente del Congreso Local, Pavel Gaspar, confirmó que el proceso será rápido y transparente. Se prevé citar a audiencia tanto a la alcaldesa como a los regidores inconformes para que expongan sus argumentos, presenten pruebas y se garantice el derecho de audiencia de ambas partes antes de tomar una decisión definitiva.
Como parte del acuerdo aprobado, la presidencia de la Comisión de Gobernación fue facultada expresamente para conducir todas las actuaciones necesarias. Entre sus atribuciones se encuentra coordinar y desahogar las diligencias e indagatorias preliminares, requerir informes oficiales adicionales a dependencias estatales y municipales involucradas, así como recabar testimonios y pruebas documentales que permitan esclarecer los hechos.
Fuentes legislativas señalaron que el conflicto en Acatlán va más allá de diferencias políticas.
Desde hace semanas el Cabildo no sesiona con regularidad, no hay consensos para aprobar obras, estados financieros ni acciones de gobierno, lo que ha generado parálisis administrativa y afectaciones directas a la población. Los regidores acusan falta de diálogo y toma de decisiones unilaterales, mientras la alcaldesa ha señalado presiones políticas en su contra. Acatlán es uno de los municipios más importantes de la Mixteca, con una intensa actividad comercial y una población que supera los 37 mil habitantes, por lo que la ingobernabilidad ha generado preocupación tanto en el Ejecutivo estatal como en el Congreso.
La ley establece que la revocación de mandato procede por causas graves como violaciones sistemáticas a la ley, manejo indebido de recursos o abandono de funciones. El objetivo del procedimiento, aclararon los diputados, no es solo sancionar, sino documentar de forma exhaustiva el contexto del gobierno municipal para determinar si existen causas graves que ameriten la revocación conforme a la Ley Orgánica Municipal, o si se puede reconducir la relación institucional mediante acuerdos. En caso de proceder la destitución, el Congreso deberá nombrar un Concejo Municipal provisional en tanto se convoca a nuevas elecciones. Con esta ruta, el Congreso de Puebla busca dar una salida institucional a la crisis antes de las fiestas patrias y evitar que el conflicto escale, garantizando estabilidad, legalidad y gobernabilidad en Acatlán de Osorio, donde la ciudadanía exige una solución inmediata.
