CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal impuso este viernes prisión preventiva al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, señalado por su posible participación en delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas, dentro de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Durante la audiencia inicial realizada este 7 de agosto, el Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa formuló imputación contra el exmandatario y solicitó que fuera vinculado a proceso. Sin embargo, su defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica será definida posteriormente. Mientras tanto, permanecerá recluido en el penal federal del Altiplano.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el procedimiento deriva de una nueva etapa en las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas, ocurrida en septiembre de 2014. Las autoridades realizaron un nuevo análisis de las actuaciones y evidencias existentes, lo que permitió abrir líneas de investigación sobre el posible ocultamiento de elementos relacionados con el caso.
La FGR sostiene que cuenta con datos de prueba que apuntan a la probable participación de Aguirre Rivero en el ocultamiento de evidencias que podrían contribuir a esclarecer el paradero de los estudiantes. En particular, las investigaciones se relacionan con grabaciones de videovigilancia que habrían captado hechos relevantes durante la desaparición de los jóvenes.
Según la Fiscalía, la instrucción para realizar dicho ocultamiento habría sido emitida directamente desde el entonces gobierno estatal y habría contado con la participación de servidores públicos de alto nivel. La dependencia considera que no se habría tratado de una omisión aislada, sino de una acción presuntamente deliberada para impedir que determinadas evidencias fueran incorporadas a las investigaciones.
Las nuevas indagatorias son desarrolladas por la FGR en colaboración con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), además de contemplar la incorporación del Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN).
Ángel Aguirre gobernaba Guerrero cuando los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Tras la crisis política generada por el caso, solicitó licencia al cargo en octubre de ese mismo año.
La FGR señaló que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y avanzar en el esclarecimiento del caso, al considerar la búsqueda de verdad y justicia por la desaparición de los normalistas como una responsabilidad del Estado mexicano.
