Amud Conde
La regidora priista Shirley Ponce Luna habló tras la polémica sesión de Cabildo del pasado 19 de marzo. Detalló que no hay justificación por la falta de la presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia, Georgina Ruiz Toledo.
El pasado 15 de junio, la presidenta de la Comisión faltó a la Sesión Ordinaria de Seguridad; estuvo bajo votación para ver si era sancionada por faltar y no presentar justificación formal.
Aunque el procedimiento administrativo causó mucho ruido en el Ayuntamiento, al final, la votación rechazó la sanción con 15 votos en contra frente a seis a favor.
Durante la Sesión Ordinaria de la Comisión de Vigilancia, que fue de manera virtual, la regidora priista no se guardó nada y aclaró que las leyes son para todos y todas, sin excepción.
Ponce Luna aclaró los motivos de esta acción frente a los señalamientos recibidos; la regidora insistió en la ausencia de trasfondo político o personal.
Apuntó que el tema se resume en la necesidad de acatar el Reglamento Interior del Cabildo sin excepciones, por lo que también aplica a la presidenta de Comisión. Incluso subrayó que ella tiene como obligación cumplir la ley para dar el ejemplo a los demás regidores que están en dicha comisión.
De acuerdo con Shirley Ponce, la normativa exige pruebas documentales para acreditar faltas y no una simple explicación verbal, pues la priista enfatizó que no cumple con los requisitos legales necesarios.
“No podemos exigir el cumplimiento para algunas personas y para otras no”, sentenció en su intervención.
¿Qué fue lo que pasó?
El conflicto surgió por una sesión de la Comisión de Atención y Protección a la Niñez efectuada el 19 de marzo, lugar al que no acudió Georgina Ruiz, esto al argumentar que por un incidente médico de su madre faltaba.
Sin embargo, la regidora señaló la omisión de documentos oficiales como receta médica o constancia, aunque lamentó el enfoque erróneo de la opinión pública sobre el caso.
Destacó que los regidores que impulsaron la sanción solo buscaban el respeto a las reglas internas. Aclaró que ese ejercicio no cuestionó el trabajo territorial de Ruiz ni sus labores humanistas fuera del Ayuntamiento.
El objetivo consistió únicamente en mantener el orden jurídico. Afirmó que varios compañeros aceptan un cargo público con la responsabilidad de seguir un marco normativo, por lo que invitó a los demás regidores y ciudadanos a respaldar estas prácticas administrativas sin interpretaciones personales.
Aseguró que los ciudadanos observan el comportamiento de sus representantes en el Cabildo poblano. Finalmente, indicó que el diálogo constructivo prevalece cuando existe orden en las sesiones municipales.
Recalcó que el objetivo principal de los regidores radica en el cuidado de la institución y la correcta administración de los recursos del tiempo público.
