CHIGNAHUAPAN, PUE. (3 de julio, 2026) — La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de un adolescente de 14 años de edad, por su probable participación en el delito de violación. La detención judicial se deriva de una agresión sexual cometida en agravio de una víctima menor de edad en la localidad de Acoculco, perteneciente al municipio de Chignahuapan.
Antecedentes del caso y desarrollo de la investigación
De acuerdo con las indagatorias asentadas en la carpeta de investigación ministerial, los hechos ocurrieron el 28 de abril de 2026 al interior de un inmueble ubicado en la citada comunidad de Acoculco.
El proceso de seguimiento judicial se desahogó bajo la siguiente línea de tiempo:
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Inicio de las indagatorias: Tras la presentación formal de la denuncia por parte de los familiares de la víctima, la FGE inició la carpeta de investigación correspondiente el 30 de abril de 2026, desplegando los actos técnicos y periciales necesarios para el esclarecimiento del caso.
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Mandamiento judicial: Con base en los datos de prueba y elementos de convicción recabados por el Ministerio Público, la autoridad judicial especializada libró la orden de aprehensión en contra del menor imputado.
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Ejecución del arresto: Agentes de investigación adscritos a la Fiscalía cumplimentaron la orden de captura el pasado jueves 2 de julio de 2026.
Puesta a disposición y justicia con perspectiva de infancia
El adolescente fue presentado y puesto a disposición de un Juez de Control competente, autoridad encargada de celebrar la audiencia inicial, formular la imputación formal y determinar su situación jurídica bajo las disposiciones legales vigentes en materia de justicia para adolescentes.
A través de un comunicado oficial, la Fiscalía General del Estado de Puebla ratificó su compromiso de investigar bajo una estricta perspectiva de protección los delitos perpetrados en agravio de niñas, niños y adolescentes en la entidad. La dependencia enfatizó que sus protocolos de actuación privilegian de manera permanente el interés superior de la niñez y el acceso integral a la justicia para las víctimas, operando bajo el estricto respeto a la reserva de identidad de los involucrados que mandata la legislación mexicana.
