CIUDAD DE MÉXICO (9 de julio, 2026) — La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su administración agotará todas las instancias legales y diplomáticas disponibles para exigir justicia tras el fallecimiento de ciudadanos mexicanos en eventos relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La Jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que el Estado mexicano no mantendrá una postura omisa ante los decesos registrados tanto en operativos de campo como al interior de complejos migratorios concesionados a corporaciones privadas.
Balance de víctimas y gestiones de la diplomacia mexicana
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que el gobierno mexicano dispone de registros oficiales que documentan el fallecimiento de 17 connacionales en contextos vinculados directamente con la autoridad migratoria estadounidense. El desglose institucional de los casos reporta las siguientes condiciones:
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Fallecimientos en confinamiento: Un total de 14 personas de nacionalidad mexicana perdieron la vida mientras permanecían bajo custodia formal en Centros de Detención administrados por operadores privados contratados por ICE.
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Bajas en operativos de campo: Tres ciudadanos murieron durante intervenciones de captura. Entre los casos recientes destaca el de Lorenzo Salgado Araujo, quien el pasado 7 de julio de 2026 falleció en Houston, Texas, tras recibir múltiples impactos de bala por parte de agentes fronterizos.
Como parte de la estrategia de reclamo internacional, la Cancillería mexicana ha remitido un total de 11 notas diplomáticas de protesta formal dirigidas a la administración de los Estados Unidos para exigir el esclarecimiento definitivo de los hechos. Asimismo, el Gobierno de México solicitó la intervención directa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Activación de denuncias penales y requerimientos civiles a empresas
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, puntualizó que, en estricto cumplimiento de las instrucciones de la Presidencia de la República, la dependencia iniciará una ruta de judicialización bilateral. Para ello, se solicitará la colaboración técnica de la Fiscalía General de la República (FGR) con el objetivo de estructurar y presentar denuncias penales formales ante las fiscalías estatales norteamericanas y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de quienes resulten responsables de los decesos.
De manera paralela, la defensa consular mexicana pondrá en marcha un esquema de litigio civil dirigido a los corporativos privados que operan los centros de detención migratoria. Mediante la notificación de instrumentos jurídicos conocidos en el sistema estadounidense como cartas de cese y desistimiento (Cease and Desist), se exigirá formalmente la modificación inmediata de las condiciones operativas y las prácticas violatorias de los derechos humanos que derivaron en la pérdida de vidas humanas, garantizando el apoyo integral a los núcleos familiares afectados.
