La administración del presidente Donald Trump prohibió transacciones financieras y tecnológicas con el tribunal de La Haya para desmantelar sus investigaciones sobre ciudadanos estadounidenses e israelíes.
WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos impuso este viernes un paquete de sanciones económicas y administrativas de alcance general contra la Corte Penal Internacional (CPI), con el objetivo explícito de paralizar las operaciones del tribunal multilateral radicada en La Haya.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la determinación mediante un mensaje institucional difundido en redes sociales, donde argumentó que Washington no reconoce la jurisdicción del organismo multinacional. Las medidas restrictivas bloquean el acceso de la institución a servicios financieros con sede en territorio estadounidense, prohíben operaciones en dólares y otorgan un plazo de seis meses para que empresas globales concluyan cualquier relación comercial con la entidad judicial.
En respuesta a la resolución norteamericana, la presidencia de la CPI y gobiernos de potencias occidentales —entre ellos Alemania, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Canadá y Países Bajos— emitieron un comunicado conjunto en rechazo a las sanciones. La presidenta del tribunal, Tomoko Akane, sostuvo que la institución mantendrá el ejercicio de sus funciones judiciales independientes para procesar crímenes internacionales.
Por su parte, el gobierno de Países Bajos evalúa junto a la Comisión Europea la activación del estatuto de bloqueo de la Unión Europea para proteger legalmente al personal operativo del tribunal ante las restricciones estadounidenses. La medida restrictiva se da en un contexto de tensiones diplomáticas que ha derivado en el retiro formal de varios Estados miembros del Estatuto de Roma durante los últimos meses.
La imposición de sanciones agrava el diferendo institucional entre la administración de la Casa Blanca y los mecanismos de justicia multilateral. El Departamento de Estado enfatizó que continuará la presión política sobre el organismo hasta neutralizar las indagatorias abiertas contra personal militar de Estados Unidos y sus aliados.
