CIUDAD DE MÉXICO (29 de junio, 2026) — La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó la convocatoria para someter a diálogo y consulta nacional la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. El documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), da inicio a un proceso que involucrará a 16 mil 728 comunidades pertenecientes a los 69 pueblos originarios y al pueblo afromexicano del país, con el objetivo de establecer un marco legal integral que promueva, proteja y garantice sus derechos de manera plena.
Estructura técnica de la iniciativa y traducción a lenguas originarias
El director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, detalló que el proyecto de ley reconoce formalmente a estas comunidades como sujetos de derecho público, otorgándoles personalidad jurídica y patrimonio propio para el ejercicio de su libre determinación. El contenido de la propuesta se divide en ocho libros especializados:
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Sujetos de derecho público: Bases para la constitución colectiva y el ejercicio de su personalidad jurídica ante las autoridades del Estado mexicano.
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Libre determinación y autonomía: Mecanismos de autonomía a niveles comunitario, municipal y regional, abarcando la restitución de tierras, propiedad intelectual colectiva, Planes de Justicia y caminos artesanales.
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Pueblos y comunidades afromexicanas: Normas operativas para el ejercicio de su derecho de autonomía bajo un enfoque de inclusión, combate al racismo y a la discriminación.
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Derechos de mujeres, niñez, adolescencia y juventud: Acciones afirmativas para fortalecer su participación política, la posesión de la tierra y el acceso a una vida libre de violencias.
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Grupos vulnerables: Garantías individuales para personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad dentro de los entornos indígenas.
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Consulta y consentimiento libre, previo e informado: Metodologías para la implementación del derecho a la consulta sobre medidas legislativas o administrativas que afecten a sus territorios.
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Distribución de competencias: Esquemas de coordinación intergubernamental entre la Federación, estados, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
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Responsabilidades y sanciones: Procedimientos penales y administrativos contra agravios institucionales, incluyendo la figura del juicio de amparo indígena y afromexicano.
Para asegurar la accesibilidad y comprensión plena del proyecto normativo en todo el país, el texto íntegro de la iniciativa será traducido a las 68 lenguas indígenas nacionales, un esfuerzo técnico coordinado con el apoyo de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México (ULIM) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).
Presupuesto directo y el marco de las relaciones diplomáticas
Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que el actual modelo de gobierno, fundamentado en el Humanismo Mexicano, busca romper de fondo con las inercias de discriminación mediante la asignación directa de recursos públicos. En este sentido, destacó la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Faispiam), mecanismo que transfiere presupuestos de forma directa a las comunidades sin intermediarios.
Asimismo, la mandataria hizo referencia a la reciente visita del rey de España, jefe del Estado español, señalando que tras los debates previos sobre la necesidad de una disculpa histórica, el monarca dio un paso importante al reconocer públicamente los abusos cometidos durante La Conquista. Sheinbaum Pardo enfatizó ante la representación española que, más allá del propio perdón, el elemento central para el Estado mexicano radica en la identidad y el orgullo que representa el reconocimiento pleno de las civilizaciones originarias del país.
Fases del proceso consultivo y calendario legislativo
La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, pormenorizó las cinco etapas consecutivas bajo las cuales se desahogará el proceso de consulta pública para recabar las opiniones, propuestas y adecuaciones de los pueblos originarios:
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Etapa 1: Publicación formal de la convocatoria oficial en el Diario Oficial de la Federación.
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Etapa 2 (Hasta el 6 de agosto): Despliegue de brigadas informativas institucionales en las comunidades para difundir los alcances y la estructura de la ley.
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Etapa 3 (Del 7 de agosto al 13 de septiembre): Deliberación interna y comunitaria a través de la realización de 82 asambleas regionales y siete mesas técnicas de trabajo.
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Etapa 4 (Del 21 de septiembre al 11 de octubre): Sistematización de las propuestas recibidas, estudio técnico y adecuación final del texto de la iniciativa.
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Etapa 5 (12 de octubre): Presentación formal de la iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión, programada en el marco de las conmemoraciones por el Día de la Nación Pluricultural.
