Irina Díaz
Puebla enfrenta deficiencias en el suministro de agua potable, con usuarios que pagan por el servicio sin recibirlo de manera regular. El gobernador Alejandro Armenta reconoció esta problemática y responsabilizó a las administraciones anteriores por haber privatizado el servicio, además de señalar que la empresa concesionaria mantiene compromisos pendientes de infraestructura hidráulica y saneamiento.
El señalamiento ocurre en medio de las inconformidades contra Agua de Puebla, empresa que opera el servicio en la capital y municipios de la zona metropolitana desde mayo de 2014, cuando entró en vigor una concesión con duración de 30 años.
El contrato fue adjudicado a Concesiones Integrales, S.A. de C.V., mediante el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP). Su cobertura comprende Puebla capital y parte de los municipios de Amozoc, Cuautlancingo, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.
Durante su intervención, Armenta sostuvo que la privatización fue resultado de acuerdos entre el gobierno estatal y el Ayuntamiento de aquella época. También cuestionó que la empresa se haya resistido a realizar las inversiones que le corresponden.
“Puebla tiene un problema de agua, de suministro de agua. Fue privatizado el servicio de agua”, expresó.
El mandatario recordó que el acceso al líquido es un derecho humano y que la prestación del servicio corresponde constitucionalmente a los municipios. Sin embargo, el esquema de concesión vigente establece que SOAPAP mantiene funciones de supervisión sobre las obligaciones de la empresa.
Incumplimientos y quejas ciudadanas
Las deficiencias no se limitan a los señalamientos del gobernador. Durante una comparecencia ante el Congreso local, el 10 de noviembre, la directora del SOAPAP, Josefina Morales Guerrero, informó que el organismo recibió 558 quejas ciudadanas durante 2026. De estas, 92.5% estuvieron relacionadas con la falta de suministro de agua.
La funcionaria también reportó que la concesionaria enfrenta una posible sanción de entre 5.5 y 12.6 millones de pesos por incumplir 12 indicadores de desempeño correspondientes a 2025. La resolución sobre el monto definitivo todavía está pendiente.
A ello se suma la evaluación del ejercicio 2024, cuando Agua de Puebla únicamente cumplió nueve de los 31 indicadores establecidos en su título de concesión. Por esas deficiencias, la empresa recibió una multa de dos millones de pesos, que ya fue cubierta.

En materia de inversiones, las revisiones del SOAPAP también han detectado diferencias entre los recursos comprometidos y los que cuentan con documentación completa para acreditar su ejecución.
Durante marzo de 2026, la titular del organismo expuso ante diputados que, para el periodo 2022-2024, la empresa tenía autorizado un plan de inversión de 2 mil 113 millones de pesos. De ese monto, 606.4 millones contaban con expedientes completos, mientras que otros 192.1 millones tenían documentación incompleta.
La concesionaria, por su parte, defendió que cuenta con facturas y documentación para acreditar las obras realizadas. Su director general, Jordi Bosch Bragado, argumentó que parte de los proyectos se encontraba en proceso de ejecución.
Una concesión de 30 años
La concesión del agua se formalizó en diciembre de 2013 y comenzó a operar en mayo de 2014. Entre las obligaciones originales del contrato se estableció una inversión de 3 mil 844 millones de pesos en infraestructura y mantenimiento durante los primeros cinco años.
El esquema también contempla metas de desempeño relacionadas con el suministro, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
Además de cuestionar este modelo, Armenta comparó la privatización del agua con otros compromisos heredados, como el alumbrado público y las concesiones para el manejo de residuos sólidos. Sobre estos últimos, sostuvo que las administraciones anteriores entregaron permisos para tiraderos que calificó como irregulares.
El gobernador también mencionó el Museo Internacional del Barroco como ejemplo de decisiones gubernamentales que comprometieron las finanzas estatales.
Aunque reconoció las fallas en el suministro y señaló a la concesionaria por sus obligaciones pendientes, Armenta no presentó durante su intervención un calendario para resolver el desabasto, ni detalló qué medidas se tomarán para atender a las colonias que continúan sin recibir agua.
Tampoco precisó si su administración contempla modificar las condiciones de la concesión o aplicar nuevas medidas contra la empresa.
Por ahora, la crisis mantiene dos frentes de discusión: las obligaciones de Agua de Puebla como operadora del servicio y la responsabilidad de las autoridades para garantizar que la población tenga acceso efectivo al agua potable.