Irina Díaz
El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, acusó al Partido Acción Nacional de financiar a “agitadores” encapuchados que protestan afuera del Relleno Sanitario de Chiltepeque, actualmente clausurado de forma temporal.
En conferencia de prensa, afirmó que se trata de una estrategia para desestabilizar al gobierno estatal y que los manifestantes reciben pagos clandestinos para confrontar a la administración.
“Son enviados y cobran de manera clandestina para hacer operativos contra el gobierno del Estado. Están ligados con Acción Nacional y ya han sido de dominio público cuáles son sus nexos y su participación en Puebla”, declaró.
El titular de la Segob explicó que el uso de capuchas responde a una intención política: desgastar la imagen gubernamental mediante provocaciones en la zona del confinamiento. Agregó que otros manifestantes sí protestan a rostro descubierto, lo que permite identificarlos con ese partido.
Clausura y plan del estado
El Relleno Sanitario de Chiltepeque permanece clausurado temporalmente desde la semana pasada, luego de que habitantes de colonias aledañas denunciaran malos olores, lixiviados y riesgos sanitarios. La PROFEPA determinó el cierre preventivo para realizar estudios técnicos y verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-083.
Como parte del plan de manejo, el gobierno del estado informó que ya inició trabajos de saneamiento, cobertura de residuos y rehabilitación de la celda activa. Además, mantiene mesas de trabajo con ayuntamientos de la zona metropolitana para redistribuir temporalmente la recepción de residuos en otros sitios autorizados, a fin de evitar una crisis de recolección.
Aguilar Pala contrastó a los grupos encapuchados con activistas que sí buscan diálogo. Citó como ejemplo a integrantes de la comunidad BUAP interesados en temas ambientales y en proyectos como el Cablebús, con quienes la Segob mantiene pláticas.
Las declaraciones se dan tras la protesta que bloqueó el acceso al relleno días atrás. El cierre de la vialidad también afectó la circulación del transporte público hacia la Penitenciaría de San Miguel.
La Segob no presentó pruebas públicas sobre el presunto financiamiento del PAN a los manifestantes, solo los expuso en fotografías. Hasta el momento, el partido no ha fijado postura sobre los señalamientos.
