Irina Díaz
Luego de las lluvias registradas el domingo en la zona metropolitana de Puebla, el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, atribuyó las inundaciones a decisiones tomadas en administraciones pasadas, principalmente durante gobiernos del PAN. En rueda de prensa, el funcionario sostuvo que las fallas en el sistema de alcantarillado son consecuencia de obras y políticas públicas que no consideraron el impacto hidráulico a largo plazo.
García Parra expuso tres antecedentes que, a su consideración, explican la situación actual. El primero es el entubamiento del río San Francisco, una obra que modificó el cauce natural del afluente, la cual refirió que se hizo en 2012 pese a que se realizó en el siglo XX. Señaló que esta intervención alteró el flujo del agua y actualmente contribuye a que, durante lluvias intensas, la zona metropolitana presente encharcamientos severos y saturación del drenaje. Explicó que al cambiar el curso original se redujo la capacidad de desfogue en temporadas de precipitación extraordinaria.
Concesión a Agua de Puebla:
Como segundo punto, mencionó la concesión del servicio de agua potable y drenaje a la empresa Agua de Puebla, entregada en 2013 durante la administración de Rafael Moreno Valle. El coordinador del gabinete afirmó que la concesionaria no ha adquirido nuevos equipos de desazolve, lo que limita la capacidad operativa para atender taponamientos en la red. Agregó que la falta de inversión en maquinaria y mantenimiento preventivo afecta la respuesta inmediata ante acumulaciones de agua en vialidades y colonias. Subrayó que la responsabilidad del mantenimiento sigue siendo parte de las obligaciones establecidas en el título de concesión.
Cártel de las inundaciones:
El tercer factor señalado fue la existencia de lo que denominó un “cártel de las inundaciones”. De acuerdo con su declaración, este esquema involucra a desarrolladores inmobiliarios y a ayuntamientos que han permitido la construcción de viviendas en arroyos y barrancas. Detalló que estos actores se han apropiado de zonas de escurrimiento natural, rellenando cauces con escombro para edificar fraccionamientos. Esto, dijo, redujo la capacidad de absorción del suelo y obstaculizó el flujo natural del agua hacia los vasos reguladores, incrementando el riesgo de desbordamientos. Mencionó que esta práctica ocurrió con autorización u omisión de autoridades municipales de Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Santa Clara Ocoyucan.
“Agua de Puebla no sirve para nada”: Armenta
En el mismo pronunciamiento, el gobernador Alejandro Armenta se refirió a la concesionaria. “Agua de Puebla sirve para nada, cobra caro y no le da agua a las colonias”, expresó. El mandatario respaldó lo dicho por García Parra y aseguró que el gobierno estatal revisará el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa. Añadió que el rezago en infraestructura hidráulica no se generó en esta administración, sino que es resultado de años de falta de planeación urbana y de decisiones que priorizaron la urbanización sin criterios técnicos de mitigación de riesgos.
Las declaraciones se dieron tras la jornada de lluvias del domingo, que provocó encharcamientos severos en distintos puntos de la capital, vehículos varados y el desbordamiento de ríos y vasos reguladores. Protección Civil estatal, en coordinación con Bomberos y personal de la Secretaría de Infraestructura, desplegó operativos para atender deslaves, realizar labores de desazolve y rescatar a personas afectadas.
García Parra indicó que actualmente todas las vialidades principales ya operan con normalidad, aunque se mantiene el monitoreo en zonas bajas y cercanas a barrancas. Señaló que el gobierno estatal trabaja en un diagnóstico integral para identificar puntos críticos y establecer acciones de prevención antes de la próxima temporada de lluvias. Reiteró que se requiere una intervención coordinada con los municipios para frenar la construcción irregular en cauces y para exigir a Agua de Puebla el cumplimiento de sus obligaciones en materia de drenaje y alcantarillado.
La administración estatal informó que continuará con los recorridos de supervisión en colonias afectadas y que se evaluarán sanciones administrativas para quienes hayan autorizado cambios de uso de suelo en zonas federales o de riesgo.
