Amud Conde
Las fricciones políticas en el municipio de Acatlán de Osorio alcanzaron un punto crítico luego de que regidores de la demarcación denunciaran una evidente parcialidad de las autoridades estatales a favor de la presidenta municipal, Guadalupe Lucero Bárcenas.
Actualmente, la edil, quien milita en el partido Morena, enfrenta una solicitud ciudadana de revocación de mandato; sin embargo, permanece en sus funciones gubernamentales de forma habitual. Miembros del Cabildo reprocharon a las autoridades estatales que Lucero Bárcenas reciba protección por supuestas amenazas, por lo que manifestaron su rechazo ante la falta de medidas preventivas institucionales en favor de los propios regidores.
Además, señalaron directamente al secretario de Gobernación (Segob), Samuel Aguilar Pala, a quien acusaron de no haber solicitado la licencia al cargo de la alcaldesa de Acatlán, a pesar de que esta se encuentra bajo investigación por la Auditoría Superior del Estado. En declaraciones para medios de comunicación, la regidora de Industria y Comercio, Maricruz Bello Nacer, señaló que el Estado inició una revisión administrativa en el ayuntamiento, pero apuntó que el Poder Ejecutivo local ha mantenido intacto el cargo de la presidenta municipal.
Por su parte, el Congreso del Estado de Puebla mantiene una postura de neutralidad pasiva ante este conflicto, ya que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales dejó la solicitud de revocación en suspenso. El legislador Julio Huerta Gómez instó a las partes al diálogo continuo mediante mesas de negociación, aunque la vía parlamentaria no ofrece una resolución inmediata a la problemática.
Fiscalía de Puebla abre carpetas de investigación contra regidores
A este panorama se sumó la intervención de la Fiscalía General del Estado, la cual abrió carpetas de investigación penal en contra de los regidores disidentes. Ante esto, los funcionarios rechazaron categóricamente los señalamientos de la alcaldesa sobre supuestos nexos con el grupo delictivo “Los Rojos”. Denunciaron que han recibido amenazas e intimidaciones al ser exhibidos públicamente como parte de dicha célula delictiva sin que se hayan mostrado pruebas en su contra.
Los regidores atribuyeron estas acusaciones a una estrategia de distracción mediática frente a las denuncias por sobrecostos en obra pública presentadas contra Guadalupe Bárcenas.
Hasta el momento, el palacio municipal permanece bajo un plantón civil desde mediados del mes de junio. Ante la falta de acuerdos, la Secretaría de Gobernación estatal advirtió sobre la posible disolución total del Cabildo actual y la posterior imposición de un concejo municipal.
