PUEBLA, PUE. (19 de julio, 2026) — Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra del empresario de nacionalidad española Rafael N., penalmente señalado como el presunto “tirador de la Atlixcáyotl”. La autoridad judicial determinó que el imputado permanezca bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel mientras se desarrolla la investigación complementaria.
Delitos imputados y antecedentes de la detención
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) formuló la imputación formal contra Rafael N. tras su captura el pasado martes 14 de julio de 2026. Los cargos aprobados por el órgano jurisdiccional comprenden los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones calificadas, daño en propiedad ajena y ataques peligrosos.
El expediente ministerial y el historial de incidencias en la zona metropolitana registran los siguientes elementos técnicos:
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Agresión a la autoridad: El cargo por ataques peligrosos se derivó del momento de la aprehensión, cuando el indiciado presuntamente abrió fuego con un arma de fuego en contra de los agentes de la Policía Ministerial encargados de ejecutar la orden judicial.
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Acumulación de carpetas: La FGE vincula formalmente al detenido con al menos 10 carpetas de investigación previas, integradas por denuncias de conductores cuyos vehículos fueron blanco de impactos de bala en las inmediaciones de la Vía Atlixcáyotl.
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Nuevas líneas de investigación: Tras la difusión de la captura, la representación social recibió nuevas comparecencias de víctimas adicionales, por lo que se abrieron indagatorias paralelas para deslindar responsabilidades por otros hechos delictivos asociados.
Manifestaciones de víctimas y alerta de seguridad pública
La situación jurídica del empresario se ha visto agravada por señalamientos del orden civil y digital. Luego de que familiares de Rafael N. habilitaran una petición de apoyo en la plataforma digital Change.org con el fin de recopilar firmas ciudadanas, la publicación concentró múltiples testimonios públicos de mujeres que denunciaron haber sido víctimas de acoso sexual por parte del procesado, así como de excolaboradores que manifestaron haber recibido amenazas directas a su integridad física.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) informó que mantiene un despliegue de vigilancia permanente en los principales corredores viales de la capital. La dependencia emitió una alerta operativa interna ante la posibilidad de que surjan imitadores del modus operandi del imputado, instando a la ciudadanía a reportar de manera inmediata cualquier agresión o conducta anómala en las autopistas y bulevares de la entidad.
