Irina Díaz
El Gobierno del Estado puso un ultimátum al Cabildo de Acatlán de Osorio. El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, exigió a la presidenta municipal, Guadalupe Lucero Bárcenas, y a los regidores inconformes, dejar los intereses personales y cumplir los acuerdos que firmaron para pacificar el municipio.
Con un mensaje firme, el funcionario advirtió que la disputa interna ya rebasó los límites y no se permitirá que mantenga paralizada a la cabecera de la Mixteca, una de las regiones más importantes del estado. Señaló que el pleito entre la alcaldesa y una parte del Cabildo ha generado inestabilidad, protestas y la toma del Palacio Municipal, lo que afecta directamente a los ciudadanos.
“Ellos se comprometieron a llevar las cosas en paz, a trabajar en armonía y siguen inconformes al interior, es un grupo de regidores contra la presidenta… que dejen los intereses personales y se pongan a trabajar”, sentenció el titular de la SEGOB.
Aguilar Pala recordó que el conflicto se abordó en mesas de diálogo en Casa Aguayo, donde estuvieron presentes la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, y el secretario de Seguridad Pública, el vicealmirante Francisco Sánchez González. En esas reuniones se firmó una minuta con cuatro acuerdos para destrabar el conflicto: la destitución del secretario general del Ayuntamiento, el relevo del mando de la Policía Municipal, la ejecución de una auditoría a las finanzas y la habilitación de una ambulancia para emergencias.
El secretario informó que la Auditoría Superior del Estado ya inició la revisión y que esta misma semana se tendrán los primeros resultados. Detalló que la alcaldesa continúa despachando en la presidencia y armando la documentación para solventar las observaciones.
“La Auditoría Superior depende del Congreso del Estado, amablemente el auditor superior informó que en esta semana que corre tendrá los primeros resultados de esta auditoría… la presidenta continúa integrando la documentación para solventar todas las observaciones”, explicó.
Alcaldesa sigue en funciones:
Aclaró que Lucero Bárcenas no ha solicitado licencia y su salida no está en análisis, porque es la única que puede responder legalmente ante la ASE. Si se va, dijo, no habría quién aclare el uso de los recursos.
Sobre las movilizaciones, indicó que se han respetado porque se mantienen dentro de la ley y aseguró que la dependencia no apoya a ningún grupo, mientras los servicios públicos operan con normalidad.
Finalmente, advirtió que el diálogo ha sido la vía, pero si los regidores siguen incumpliendo lo pactado, el Estado tomará otras medidas. “Acatlán no merece un gobierno de pleitos. Si continúan las confrontaciones, será otra cosa”, concluyó.
“Fuera Barcenas” exigen pobladores:
A un mes del plantón frente al Palacio Municipal, pobladores de Acatlán de Osorio mantienen su exigencia de que la alcaldesa deje el cargo, pese a que el jueves 16 de julio se realizó una nueva mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobernación federal y estatal.
Al término del encuentro el delegado de la Segob federal en Puebla, Álvaro José Fojaco Rojas, dio a conocer las conclusiones de la mesa de trabajo, mientras afuera del inmueble decenas de manifestantes recibieron a la alcaldesa con gritos de “¡Fuera, fuera!”, para exigir su renuncia inmediata.
Los inconformes colocaron lonas con la leyenda “Fuera Bárcenas” y un tendedero de mensajes dirigidos a las autoridades. La demanda central sigue siendo la revocación de mandato y la atención a temas de seguridad. “Ya no hay gobernabilidad, ya no hay confianza”, reclamó uno de los manifestantes, quienes señalaron que, aunque se instalen mesas de diálogo, la única salida para estabilizar Acatlán es la separación del cargo de la edil.
Cabe recordar que el conflicto político estalló desde el 15 de junio, cuando un grupo de regidores aprobó la destitución del secretario de Seguridad Pública, Juan Alberto Domínguez López, y del secretario general del Ayuntamiento, Álvaro Cruz Martínez, por presuntas irregularidades. Bárcenas desconoció la decisión y acusó que fue ilegal.
Desde entonces, el Cabildo está fracturado y los pobladores instalaron el plantón permanente. Regidores y sectores sociales acusan a la alcaldesa de múltiples errores como vincular públicamente a sus detractores con la delincuencia organizada, sin presentar pruebas.
