NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (24 de julio, 2026) — El juez federal de distrito Alvin Hellerstein fijó para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio por delitos de narcotráfico contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Durante la audiencia celebrada en un tribunal federal de Manhattan, la defensa de Maduro anunció que solicitará la desestimación del proceso apelando a la inmunidad diplomática como jefe de Estado.
Cargos, calendario procesal y estrategia de la defensa
Durante la comparecencia en el tribunal de Manhattan, adonde acudió bajo custodia de agentes federales, las partes expusieron la propuesta de calendario judicial antes del inicio formal del desahogo de pruebas.
El proceso judicial contempla los siguientes elementos clave:
Cargos imputados: Nicolás Maduro enfrenta cuatro cargos por delitos graves, entre los que figuran conspiración para cometer narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína a territorio estadounidense, acusaciones que podrían derivar en una sentencia de cadena perpetua en caso de emitirse un fallo condenatorio.
Argumentación de inmunidad: El abogado defensor Barry Pollack formalizó que presentará mociones previas para solicitar la desestimación del caso, argumentando que el exmandatario debe gozar de inmunidad judicial al considerarlo jefe de un Estado soberano.
Desahogo de mociones: El juez Hellerstein programó una audiencia previa para el 17 de noviembre, en la que se discutirán las primeras herramientas legales de la defensa. Se prevé una segunda ronda de recursos antes del 11 de enero, tras la entrega del material probatorio clasificado por parte de la fiscalía.
Antecedentes y coyuntura política en Venezuela
La fijación de fecha ocurre tras la detención de Maduro y Flores efectuada por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas el 3 de enero. Tras su traslado a Nueva York, ambos se declararon no culpables.
El caso se enmarca en un largo periodo de confrontación diplomática entre Washington y la administración de Maduro, a quien la Casa Blanca dejó de reconocer como mandatario legítimo en 2019 acusándolo de irregularidades electorales y colapso institucional. Tras la captura del exmandatario, la administración del país sudamericano quedó bajo el mando de la exvicepresidenta Delcy Rodríguez, quien entabló nuevos esquemas de relación con el gobierno estadounidense.
