Irina Díaz
El diputado local del PAN, Marcos Castro Martínez, informó que la iniciativa conocida como Ley Salvatori ya fue turnada a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Puebla para su seguimiento legislativo correspondiente y su análisis en comisiones.
En entrevista, el legislador panista explicó que esta propuesta busca establecer mayores requisitos de profesionalización y escolaridad para quienes aspiren a ocupar un cargo en el servicio público, con el objetivo de garantizar que los perfiles que lleguen a la administración pública cuenten con la preparación académica y técnica necesaria para desempeñar sus funciones con eficiencia y con resultados para la ciudadanía.
No obstante, consideró que la iniciativa debe ser analizada con cautela y con un enfoque garantista para evitar que se convierta en un instrumento que limite derechos políticos o que pueda interpretarse como discriminatorio.
“Es importante que haya una profesionalización de todos aquellos que estamos en el servicio público, sin embargo no se puede limitar, puede sonar discriminatorio”, expresó.
Castro Martínez señaló que desde el Grupo Parlamentario del PAN se coincide en la necesidad de contar con servidores públicos más capacitados y mejor preparados, pero advirtió que cualquier reforma en esta materia debe respetar el principio de igualdad, el derecho de acceso a la función pública consagrado en la Constitución y los criterios de no discriminación.
Explicó que imponer candados excesivos por grado académico o escolaridad podría dejar fuera a personas con amplia experiencia, trayectoria, liderazgo social y vocación de servicio que han demostrado capacidad en el territorio, por lo que la profesionalización debe entenderse como un proceso integral que incluya no solo un título universitario, sino también capacitación continua, experiencia comprobada, ética pública y compromiso real con la ciudadanía.
El legislador indicó que la iniciativa, denominada Ley Salvatori por el debate que generó a nivel nacional la propuesta de la diputada federal Mariana Salvatori, aún debe ser enriquecida con la opinión de especialistas en derecho constitucional, laboral y administrativo.
Antidoping debe aplicarse a funcionarios públicos:
En otro tema, el diputado se pronunció sobre la propuesta para aplicar pruebas de antidoping a candidatos a cargos de elección popular, iniciativa que calificó como viable, positiva y necesaria para fortalecer la confianza ciudadana en sus representantes.
Sin embargo, propuso que esta medida no se limite únicamente a quienes buscan un cargo de elección, sino que se extienda a todos los funcionarios públicos en activo, de todos los niveles y poderes del Estado.
“Me parece que tenemos que ir a todos los espacios donde tengamos responsabilidad pública”, afirmó.
El legislador sostuvo que aplicar exámenes antidoping de manera generalizada, periódica y con protocolos claros abonaría a la transparencia, a la rendición de cuentas y a la construcción de un servicio público más íntegro, responsable y confiable.
Indicó que ambas propuestas serán discutidas en comisiones, donde se deberá realizar un análisis jurídico a fondo, escuchar a especialistas y garantizar que no vulneren derechos humanos ni generen exclusión.
Finalmente, reiteró que Acción Nacional fijará su postura definitiva una vez que se presenten los dictámenes correspondientes, pero adelantó que acompañarán aquellas iniciativas que fortalezcan la confianza en las instituciones y que promuevan un servicio público profesional, honesto y cercano a la gente, sin caer en medidas excluyentes o que puedan ser utilizadas con fines políticos.
