No será la misma regla para todos. A partir de octubre de 2026, el uso del celular en las escuelas poblanas se regulará de forma diferenciada según el nivel educativo, como parte del acuerdo nacional aprobado por la SEP y las 32 entidades del país.
El esquema fue definido en la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del CONAEDU, presidida por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. Ahí se acordó que cada plantel aplicará una normativa distinta de acuerdo a la edad y necesidades de sus estudiantes.
Para Puebla, la aplicación queda de la siguiente manera:
En primaria, la medida será la más estricta. Se prohíbe por completo el uso de dispositivos móviles durante toda la jornada escolar. Los alumnos deberán mantener el celular apagado y guardado desde que ingresan hasta que salen del plantel.
En secundaria, la restricción también será total durante la jornada, pero con un enfoque adicional en salud mental y prevención de riesgos. En este nivel, la SEP vinculará la medida con la Estrategia Nacional “El ABC de las Emociones”, dirigida a adolescentes de 14 a 18 años, con talleres, asambleas y guías para detectar ansiedad, ciberacoso y dependencia al dispositivo.
En preparatoria y bachillerato, la regla cambia. No habrá una prohibición nacional. Cada escuela en Puebla, ya sea del COBAEP, CECyTE, CONALEP o preparatorias BUAP, deberá construir su propio reglamento en acuerdo con su comunidad educativa. Ahí se definirá si se permite el uso con fines didácticos, en qué horarios y bajo qué sanciones.
A nivel superior, las universidades poblanas tendrán autonomía plena para decidir su normativa interna.
Mario Delgado explicó que el modelo escalonado responde a la evidencia de la prueba PISA de la OCDE, que señala afectaciones en comprensión lectora y concentración por el uso de celulares en clase, y a las observaciones enviadas por los estados.
En Puebla, la Secretaría de Educación estatal deberá armonizar los lineamientos y convocar en las próximas semanas a asambleas informativas con docentes y padres de familia para definir cómo se resguardarán los equipos y qué protocolo se seguirá en caso de emergencia.
La medida entrará en vigor en octubre y estará acompañada de una campaña nacional con más de 16 millones de guías distribuidas a estudiantes, familias y maestros.
