Irina Díaz
El exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, anunció que impugnará la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Puebla que lo sanciona con una multa de 15 millones de pesos y una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, Rivera Pérez aseguró que la determinación no es definitiva y que será recurrida ante las instancias correspondientes.
“Atenderé estos señalamientos con pruebas y de frente; exigiendo un proceso justo, imparcial y apegado a derecho. Defenderé mi nombre, mi honor y mis derechos hasta las últimas consecuencias”, afirmó.
El exedil sostuvo que su administración se condujo con estricto apego a la legalidad y rechazó el contenido de la resolución.
“Quiero ser muy puntual: la administración que encabecé siempre se condujo con estricto apego a la legalidad”, señaló.
En su mensaje, indicó que se le señala por un supuesto abuso de funciones que, a su consideración, no fue acreditado y que no hay ninguna acción que se le pueda atribuir a su persona de manera directa.
También aclaró que la determinación no lo acusa de un mal manejo de recursos públicos, aunque sí busca imponerle la multa y la inhabilitación.
“Aunque no se me acusa de un mal manejo de recursos públicos, el objetivo es claro: quieren multarme e inhabilitarme injustamente”, expresó.
Rivera Pérez señaló que la notificación se dio a escasas horas del inicio formal del Proceso Electoral Local 2026-2027, hecho que, desde su perspectiva, permite cuestionar sus implicaciones políticas.
“Resulta preocupante la coincidencia de que esta determinación llegue precisamente al inicio del proceso electoral de 2027, por lo que considero legítimo cuestionar sus implicaciones políticas”, dijo.
Agregó que esta acusación se suma a una actuación de la Contraloría Municipal del mes de mayo, hecho que, a su juicio, constituye un ataque sistemático en su contra.
La resolución que Rivera Pérez anunció que impugnará tiene su origen en las revisiones que la Auditoría Superior del Estado (ASE) realizó a las cuentas públicas 2022 y 2023 del Ayuntamiento de Puebla, durante su gestión como presidente municipal.
De acuerdo con la ASE, en esas revisiones se detectaron probables daños patrimoniales vinculados a transferencias injustificadas, gastos irregulares y contratos de obra pública carentes de la documentación comprobatoria adecuada.
En el mismo expediente, la ASE también determinó imponer una inhabilitación por 10 años y una multa de 10.5 millones de pesos a Bernardo Arrubarrena García, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información.
Asimismo, derivado de las deficiencias técnicas registradas en la obra de rehabilitación de la avenida Juárez , donde se presentaron inundaciones y levantamiento de adoquín durante la temporada de lluvias, se solicitó la ejecución de una auditoría forense para deslindar responsabilidades.
En caso de quedar firme, la resolución impediría a Rivera Pérez participar en el proceso electoral de 2027 y en las elecciones subsecuentes.
Quién es Eduardo Rivera Pérez
Eduardo Rivera Pérez es militante del Partido Acción Nacional. Fue presidente municipal de Puebla en los periodos 2011-2014 y 2021-2024.
En 2024 solicitó licencia al cargo para contender como candidato a la gubernatura de Puebla por la alianza conformada por el PAN, PRI, PRD y PSI. En dicha elección resultó electo Alejandro Armenta Mier.
Desde entonces, se mantenía como uno de los perfiles del PAN con posibilidades de participar en el proceso electoral de 2027, en el que en Puebla se renovarán ayuntamientos y diputaciones locales.
Qué sigue
El expediente se encuentra en el Tribunal de Justicia Administrativa, instancia que deberá analizar las pruebas y determinar si confirma, modifica o revoca la sanción propuesta por la ASE.
Los sancionados tienen derecho a impugnar la resolución, por lo que el procedimiento podría prolongarse varios meses y ser revisado en otras instancias.
En tanto no exista una resolución definitiva y firme, el caso permanece en litigio y la inhabilitación aún no es aplicable en términos definitivos.
