Irina Díaz
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, respaldó la Ley General para Sancionar el Feminicidio impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, iniciativa que busca homologar los protocolos de investigación en las 32 entidades del país y elevar las sanciones para este delito. El mandatario aseguró que Puebla asumirá el compromiso sin omisiones y que en el estado “la cero impunidad no es un discurso, es una obligación”.
Durante su participación en la conferencia matutina en CDMX, Armenta detalló que en la entidad ya se trabaja en la atención integral a víctimas a través de la fusión de los Centros Libres con las Casas Carmen Serdán. En estos espacios se ofrece asesoría jurídica, atención psicológica y acompañamiento a mujeres en situación de violencia.
“Nosotros nos sumamos contundentemente a esta disposición. Hemos fusionado los Centros Libres con las Casas Carmen Serdán y desde esos espacios se han generado miles de denuncias contra violentadores que antes vivían en impunidad. No vamos a permitir que se normalice la violencia contra las mujeres”, declaró.
El gobernador subrayó que la estrategia se implementará en coordinación con los tres órdenes de gobierno. Añadió que su administración actuará con todo el rigor legal ante cualquier agresión: “Quien violente a una mujer en Puebla enfrentará todo el peso de la ley, sin importar si es familiar, colaborador o conocido”.
Qué cambiará en Puebla con la ley federal:
De aprobarse la iniciativa en el Congreso de la Unión, el marco legal en Puebla tendrá ajustes relevantes. La pena mínima por feminicidio en el estado pasaría de 40 a 50 años de prisión, mientras que la máxima subiría de 60 a 70 años. Además, el Código Penal local deberá armonizarse para ampliar de nueve a diez las razones de género y sumar nuevas agravantes.
Entre los supuestos que se incorporarían están que la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, esté embarazada, viva con discapacidad, sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante. Actualmente, el Código Penal de Puebla solo contempla dos agravantes: que la víctima esté embarazada o que el delito ocurra frente a sus hijos.
La ley también establece obligaciones para las fiscalías estatales, como contar con unidades especializadas en feminicidio y aplicar un Protocolo Nacional Homologado que emitirá la Fiscalía General de la República. Con ello se busca evitar que muertes violentas de mujeres sean clasificadas como suicidios u homicidios comunes, una de las principales quejas de colectivos y familiares de víctimas.
Registro de orfandad y pérdida de derechos:
Otro de los puntos centrales de la iniciativa es la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, que permitirá diseñar políticas públicas de atención a las infancias que quedan desprotegidas tras el asesinato de sus madres.
Además, la norma prevé que el responsable del delito perderá de forma automática la tutela, la patria potestad, los derechos sucesorios respecto de la víctima y será inhabilitado para ocupar cargos públicos. Estas medidas buscan garantizar la protección de los hijos de las víctimas y evitar que los agresores conserven beneficios legales o políticos.
Origen de la iniciativa:
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles la iniciativa que será enviada al Congreso de la Unión en el periodo ordinario de septiembre. Durante la presentación, explicó que el objetivo es que todas las fiscalías del país investiguen bajo los mismos criterios y que se garantice prevención, atención, educación y cero impunidad.
“Es un delito de odio asociado a ser mujer en nuestro país; aun cuando han disminuido los feminicidios, todavía se cometen y muchos siguen sin sanción. Lo que tenemos que garantizar es prevención, atención, educación y cero impunidad”, expuso Sheinbaum.
La mandataria recordó que la iniciativa deriva de la reforma al artículo 73 constitucional, aprobada el 6 de mayo de 2026, que facultó al Congreso para expedir una ley general en materia de feminicidio. Con ello, el gobierno federal busca cerrar brechas jurídicas entre estados y asegurar que los casos no queden impunes por diferencias en la tipificación o en los protocolos de investigación.
Puebla, con avance en atención a víctimas:
Armenta destacó que Puebla no parte de cero, ya que la fusión de los Centros Libres con las Casas Carmen Serdán ha permitido, que más mujeres denuncien y reciban acompañamiento integral. Estos centros operan en diferentes regiones del estado y trabajan en vinculación con la Secretaría de Gobernación estatal y la Fiscalía General del Estado.
El gobernador insistió en que la violencia de género no se combatirá solo con leyes, sino con acciones coordinadas y con la participación de la sociedad. Por ello, llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de violencia, extorsión o irregularidad cometida por funcionarios o particulares.
“La ley es una herramienta, pero la prevención empieza en casa, en la escuela y en la comunidad. Si entre todos nos cuidamos, Puebla seguirá siendo un estado donde podamos vivir en paz, como merecemos”, concluyó.
