Irina Díaz
Puebla se sumará a la estrategia nacional para ordenar el uso de teléfonos móviles en escuelas de nivel básico, aseguró el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien sostuvo que su gobierno acatará la normatividad que prepara la Secretaría de Educación Pública federal y que el tema debe abordarse como un asunto de salud pública y no solo de disciplina.
El pronunciamiento del mandatario poblano se dio durante su conferencia de prensa en la Ciudad de México, donde explicó que el uso prolongado de dispositivos en niñas y niños está generando conductas de adicción y pérdida de atención que impactan directamente en el aprovechamiento escolar.
Señaló que, a diferencia de lo que ocurre con jóvenes y adultos, para quienes el teléfono es una herramienta de trabajo y de interacción social, en la infancia el abuso del celular interfiere con el desarrollo cognitivo y la concentración en clase.
“Las autoridades federales han establecido la normatividad del uso de celulares, principalmente en nivel básico. Tiene una doble circunstancia: el abuso del uso del celular genera adicción y distracción. El problema tiene que ver con la salud de los niños, en jóvenes y adultos tiene otra connotación”, declaró.
¿Qué propone la SEP?
La propuesta que impulsa la SEP no contempla un decomiso general ni impedir que los alumnos lleven el equipo a la escuela. El enfoque es regular su utilización durante la jornada escolar, permitiendo su uso únicamente cuando forme parte de una actividad didáctica dirigida por el docente o en situaciones de emergencia y comunicación con madres y padres de familia.
Cada escuela deberá incorporar estas disposiciones a su reglamento interno, definiendo los momentos y lugares en que estará permitido el dispositivo, así como los mecanismos de resguardo.
El proyecto forma parte de una política nacional que ya está en marcha. De acuerdo con datos del titular de la SEP federal, Mario Delgado Carrillo, 17 entidades federativas ya aplican algún tipo de restricción y cinco más tienen iniciativas en proceso legislativo, entre ellas Puebla, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca y Quintana Roo. Colima se convirtió recientemente en el estado número 17 al reformar su Ley de Educación. La meta del gobierno federal es que las 32 entidades cuenten con lineamientos homologados antes de que termine 2026.
Como parte del proceso para definir la norma, la SEP desplegó este 25 y 26 de agosto una consulta nacional en más de 200 mil planteles de preescolar, primaria y secundaria. El ejercicio, previo al arranque del ciclo escolar 2025-2026, incluye una guía informativa y un cuestionario digital dirigido al magisterio. Las opiniones recabadas serán analizadas por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, Conaedu, que será la instancia encargada de emitir los lineamientos generales.
En Puebla, la Secretaría de Educación Pública estatal, encabezada por Manuel Viveros Narciso, quedará a la espera de esos criterios para armonizar la regulación local. Fuentes del sector educativo señalan que la medida podría aplicarse de manera gradual y con acompañamiento para docentes y familias.
Sheinbaum fija postura: “No deberian usarse”
El debate también fue abordado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien fijó una postura personal pero dejó la decisión final en manos de las comunidades escolares.
“Mi opinión es que no deberían usarse los teléfonos celulares en las escuelas, pero lo vamos a dejar a los consejos técnicos para que también las maestras y los maestros opinen sobre este tema”, expresó la mandataria.
Sheinbaum advirtió que la discusión es más amplia que el aparato en sí, pues incluye el impacto de las redes sociales y la inteligencia artificial en la infancia. Consideró que la exposición constante a plataformas digitales está provocando afectaciones en el aprendizaje, disminución de la interacción social y cambios en la conducta.
“La adicción de las niñas y niños a las redes sociales y a las plataformas es mucho más grave”, alertó.
Para el gobierno de Puebla, la regulación se alinea con la estrategia de Escuela Segura y de promoción de la salud mental que ha impulsado Armenta Mier. El ejecutivo estatal insistió en que la medida no busca criminalizar la tecnología, sino establecer límites claros que permitan recuperar la atención en el aula y fortalecer la convivencia escolar.
