PUEBLA, PUE. (8 de julio, 2026) — La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de Jorge N., tras acreditarse de manera plena su responsabilidad penal en la comisión del delito de feminicidio. Los hechos que sustentaron la resolución judicial ocurrieron en el año 2023 dentro de la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan.
Antecedentes del caso y causa del deceso
De acuerdo con las indagatorias desarrolladas por la autoridad ministerial, el 11 de junio de 2023 el hoy sentenciado agredió físicamente a quien fuera su pareja sentimental mientras se encontraban al interior de un domicilio de la citada localidad.
Al día siguiente de la agresión, una de las hijas de la víctima acudió al inmueble y localizó el cuerpo sin vida de su madre, procediendo a notificar a las corporaciones de emergencia. El desahogo de las diligencias periciales y de medicina forense determinó que la causa del deceso obedeció a un traumatismo craneoencefálico derivado de los golpes recibidos.
Audiencia de sanciones y reparación del daño
Con base en el caudal probatorio y los argumentos jurídicos expuestos por la representación social, la autoridad judicial validó la culpabilidad del imputado. Durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, celebrada el pasado lunes 29 de junio de 2026, el Juez de la causa dictó las siguientes determinaciones legales:
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Pena privativa de la libertad: Condena de 50 años de prisión ordinaria.
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Sanciones económicas: Imposición de una multa equivalente a 750 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
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Medidas complementarias: Suspensión de derechos civiles y políticos, así como una amonestación pública.
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Reparación del daño: Condena al pago de indemnización por daño material, moral y de orden económico, cuya cuantía final se definirá formalmente durante la etapa de ejecución de sentencia.
La Fiscalía General del Estado de Puebla ratificó su compromiso institucional de investigar los delitos cometidos en contra de las mujeres bajo una estricta perspectiva de género, orientando los trabajos ministeriales a garantizar el acceso a la justicia y combatir los índices de impunidad en la entidad.
