PUEBLA, PUE. (16 de julio, 2026) — La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) coordinó un operativo interinstitucional que derivó en el aseguramiento de dos equinos que se encontraban en condiciones de abandono y presunto maltrato en la ciudad de Puebla. La intervención judicial se originó a partir de una denuncia ciudadana que alertó sobre el estado de salud y el confinamiento inadecuado de los animales.
Condiciones de los ejemplares y origen de la denuncia
De acuerdo con el reporte oficial recibido el pasado 14 de julio de 2026, los dos caballos permanecían en un predio expuestos a la intemperie, sin estructuras de sombra ni protección frente a las condiciones climáticas de la región.
Las inspecciones iniciales y la valoración técnica del caso arrojaron los siguientes hallazgos:
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Sujeción restrictiva: Ambos equinos se encontraban inmovilizados mediante amarres que limitaban su movilidad en el sitio.
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Malnutrición: Uno de los ejemplares presentaba una condición corporal con un grado visible de desnutrición y delgadez extrema.
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Evaluación pericial: Un perito médico veterinario adscrito a la FGE, en compañía de elementos de la Policía Ministerial, realizó el dictamen técnico para certificar legalmente el estado físico de los animales.
Colaboración con el Sistema Estatal DIF y destino de los equinos
La resolución del caso se concretó mediante una estrategia de coordinación interinstitucional entre la FGE y la Dirección de Bienestar Animal del Sistema Estatal DIF de Puebla. Esta última dependencia coadyuvó en las maniobras físicas de rescate, logística y traslado de los ejemplares.
Tras el aseguramiento formal, los dos caballos fueron canalizados al área de equinoterapia del DIF estatal. En estas instalaciones permanecerán bajo resguardo definitivo para recibir alimentación adecuada, tratamiento clínico veterinario especializado y los cuidados necesarios para su recuperación integral. La Fiscalía de Puebla informó que continuará con las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar las sanciones legales aplicables de acuerdo con la legislación de protección animal vigente en la entidad.
