Irina Díaz
El escándalo de la mina de criptomonedas en Tlaola escaló hasta la presidencia municipal. El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, reveló que la Fiscalía ya investiga al alcalde y a su cuerpo policial por posible complicidad o encubrimiento tras el aseguramiento de una granja ilegal que robaba luz de la presa de Necaxa.
En entrevista el titular de la SSP comentó que es imposible que una operación de ese tamaño funcionara sin el aval del ayuntamiento.
“Pareciera que nadie se entera de lo que sucede, por lo que se tiene que hacer una investigación a fondo para determinar la culpabilidad de quien corresponda…En cualquier municipio está operado por policías y alcaldes”, sentenció
Por ello el mensaje es claro: en Tlaola todos vieron, nadie hizo nada. Sánchez González recordó que, a pesar de los operativos, en ese municipio ya habían ocurrido situaciones similares, lo que refuerza la sospecha de protección oficial.
La administración estatal, dijo, buscó desde el inicio a los 217 presidentes municipales para ofrecerles respaldo y evitar que alegaran intimidación del crimen organizado, por lo que en Tlaola no hay pretexto.
“Hicimos ese acercamiento para evitar que algún secretario de Seguridad manifestara que estaba intimidado”, recalcó.
El golpe se dio el 7 de septiembre, tras días de vigilancia encubierta. Elementos de la SSP, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Marina reventaron el inmueble donde operaban 300 tarjetas gráficas de alto rendimiento, un transformador de pedestal, 80 terminales de media tensión irregulares y ocho antenas satelitales. Todo conectado ilegalmente a la CFE.
El funcionario precisó que minar criptomonedas no es delito, pero robar energía de forma agravada y lavar dinero sí lo es. Y es ahí donde la investigación apunta directamente al edil.
La FGR ya rastrea el origen millonario de los equipos y quién permitió que la granja operara durante meses a plena vista, con un consumo eléctrico industrial que cualquier autoridad local debió detectar.
La lupa está sobre el palacio municipal de Tlaola, por lo que en próximos días, el alcalde y sus mandos policiales podrían ser citados a declarar.
