Irina Díaz
Con una inversión conjunta que ya rebasa los 11 millones de pesos, la administración estatal abrió el proceso para construir un tercer depósito vehicular, ahora en la ciudad de Puebla. El proyecto se suma a las obras que ya están en marcha en San Martín Texmelucan y Tecamachalco, como parte de la estrategia para regular el servicio de arrastre, resguardo y liberación de vehículos en el estado.
La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, a través de su Dirección de Licitaciones y Contratación de Obra Pública, publicó la convocatoria SPFA-OP-LPE-2026-034. El objetivo es contratar a la empresa que se encargará de levantar el corralón en la capital poblana. De acuerdo con las bases, las constructoras interesadas deberán demostrar un capital contable de al menos 5.1 millones de pesos. Aunque el monto base aún no se detalla para este predio, el costo total podría elevarse una vez que se definan todos los requerimientos técnicos, como cimentación, barda perimetral, sistema de videovigilancia y red contra incendios.
El calendario de la licitación ya está en marcha. La obra está programada para ejecutarse en dos meses: arrancará el 20 de julio y deberá quedar lista el 19 de septiembre de 2026. El 9 de julio se realizó la visita al terreno donde se edificará el depósito, el 10 de julio fue la junta de aclaraciones para resolver dudas técnicas y administrativas, el 15 de julio se recibirán las propuestas técnicas y económicas de los participantes, y el 17 de julio se emitirá el fallo con el nombre de la empresa ganadora.
Este depósito es el tercero de cuatro que prometió el gobierno del estado desde inicios de año. La intención, según ha explicado el Ejecutivo estatal, es poner orden en el servicio de arrastre y resguardo de vehículos, frenar los cobros excesivos que enfrentan los automovilistas y terminar con la discrecionalidad de los corralones privados. Actualmente, los usuarios reportan tarifas que van de 80 a 150 pesos por día de pensión, más costos de grúa que superan los 2,500 pesos por arrastres cortos dentro de la zona metropolitana. A eso se suman quejas por daños a las unidades, pérdida de objetos y falta de transparencia en los inventarios.
Los otros corralones en proceso avanzan en paralelo. En San Martín Texmelucan, el depósito se levanta en el bulevar Xicoténcatl 718, colonia San Isidro, en la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo. El proyecto contempla un edificio administrativo, caseta de vigilancia, área de atención a usuarios, zona de resguardo techada y patio de maniobras, con un presupuesto base de 3 millones de pesos. La obra busca atender la demanda de la región que conecta con la autopista México-Puebla, donde se registra un alto número de infracciones y accidentes.
En Tecamachalco, los trabajos se realizan en un predio de la comunidad de Xochimilco. La inversión mínima calculada es de 3.3 millones de pesos y el diseño incluye oficinas, acceso controlado, báscula, zona de inventario digital y espacio para al menos 300 vehículos. El depósito dará servicio a la región centro del estado y a tramos de la carretera federal Puebla-Tehuacán.
El cuarto corralón, que aún no tiene convocatoria publicada, se ubicaría en la zona de Tehuacán, según lo adelantado por funcionarios estatales en febrero. Con los cuatro puntos, el gobierno busca cubrir las principales regiones donde se concentra el parque vehicular y donde se han documentado más abusos por parte de empresas de grúas.
Aún no se sabe quién operará el corralón:
Por ahora, no hay claridad sobre quién operará estos espacios. El gobierno no ha precisado si la administración quedará en manos de la Secretaría de Movilidad y Transporte, de la Secretaría de Seguridad Pública o si se otorgará a particulares mediante concesión. A inicios de año, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, indicó que la figura jurídica para administrar los cuatro corralones se definirá antes de que entren en operación. Añadió que se analiza un modelo mixto que permita al estado mantener la rectoría de las tarifas y los protocolos, pero con participación de empresas que cumplan con certificaciones y garantías.
Mientras se define el esquema, las obras siguen su curso y la licitación del tercer depósito avanza conforme al calendario oficial. La administración estatal ha señalado que los nuevos corralones deberán operar con tabuladores públicos, cámaras conectadas al C5, inventario fotográfico de cada ingreso y un sistema estatal para que los propietarios consulten en línea el estatus de su vehículo. También se prevé que solo puedan ingresar grúas autorizadas y con registro en el Padrón Estatal de Prestadores de Servicios de Arrastre y Salvamento.
El problema de los corralones irregulares no es nuevo en Puebla. En 2023, la Comisión de Derechos Humanos del Estado emitió una recomendación tras documentar cobros no regulados y retención indebida de unidades en al menos seis municipios. En 2024, la Secretaría de Movilidad y Transporte clausuró tres depósitos en la capital por operar sin permisos y por carecer de medidas de seguridad. Organizaciones de transportistas y colectivos de motociclistas han exigido durante años que el estado instale depósitos públicos con tarifas únicas y horarios de liberación amplios.
Con la construcción de los cuatro corralones, el gobierno de Alejandro Armenta Mier busca atender esa demanda y reducir la incidencia de extorsiones vinculadas al arrastre. De acuerdo con datos de la SSP, tan solo en 2025 se recibieron 1,240 quejas formales por cobros excesivos de grúas y corralones en la zona metropolitana. El 68% de los casos se concentró en la ciudad de Puebla, San Andrés Cholula y Cuautlancingo.
La ubicación exacta del nuevo depósito en la capital no ha sido revelada en la convocatoria, aunque fuentes de la Secretaría de Planeación y Finanzas indicaron que se encuentra en un predio propiedad del estado, fuera de zonas habitacionales y con acceso directo a vialidades primarias para facilitar el traslado de unidades aseguradas por accidentes, infracciones o hechos delictivos.
Una vez adjudicada la obra, la empresa ganadora tendrá 60 días naturales para concluirla. El contrato incluirá obra civil, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, alumbrado, señalética, construcción de oficinas y adaptación del terreno. El gobierno estatal adelantó que, previo a la apertura, se publicará el reglamento de operación y el tabulador oficial de cobros, que deberá ser colocado en lugares visibles dentro del corralón.
La licitación del tercer depósito se da en un contexto donde el Congreso del estado analiza reformas a la Ley de Vialidad para establecer topes a las tarifas de arrastre y resguardo, así como sanciones para empresas que alteren los costos. La iniciativa, presentada en junio, plantea que la Secretaría de Movilidad y Transporte actualice cada año el tabulador con base en la Unidad de Medida y Actualización y que ningún corralón pueda cobrar más de 30 días de pensión sin autorización judicial.
Mientras tanto, las obras en Texmelucan y Tecamachalco reportan un avance físico del 40% y 35%, respectivamente, según el último informe de la Secretaría de Infraestructura. Se espera que ambos estén concluidos en agosto. De cumplirse el calendario, Puebla capital tendría su primer depósito vehicular público en operación antes de que termine septiembre, cerrando así un pendiente que administraciones anteriores dejaron en diagnóstico.
