Autoridades de los tres órdenes de gobierno acordaron fortalecer la vigilancia ambiental en los 22 municipios de la cuenca. La PROFEPA reportó 79 inspecciones y 13 clausuras industriales, mientras que para 2027 se proyecta una inversión superior a 265 millones de pesos para reutilizar agua tratada.
Puebla, Pue., 19 de octubre de 2026. — Los gobiernos federal y estatal reforzarán las medidas de vigilancia, inspección y sanción contra quienes contaminen el río Atoyac, como parte de una estrategia que busca recuperar el afluente para el año 2030.
Durante la instalación de la primera mesa de trabajo con autoridades federales y representantes de los 22 municipios que integran la cuenca, el gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que el cumplimiento de la legislación ambiental será obligatorio tanto para empresas como para autoridades públicas.
El mandatario explicó que estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por la mandataria de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para el saneamiento de los ríos Atoyac, Tula y Lerma-Santiago.
Proyectan más de 265 millones de pesos para reutilizar agua tratada
El gobernador informó que actualmente se realizan trabajos de limpieza del río, así como la instalación de biodigestores en San Matías Tlalancaleca y la construcción de colectores y plantas de tratamiento.
Además, anunció que se proyectan cuatro plantas de tratamiento adicionales, de las cuales dos contarían con financiamiento estatal y otras dos con recursos federales.
Para 2027, se contempla una inversión superior a 265 millones de pesos, destinada al aprovechamiento de agua tratada proveniente de las plantas de San Martín, Las Flores, Moyotzingo y Los Pinos.
Con estos recursos se busca beneficiar aproximadamente mil 450 hectáreas agrícolas, florícolas y forestales.
Armenta Mier destacó que el saneamiento del Atoyac no debe limitarse al tratamiento y posterior descarga del agua al río, sino que debe incluir mecanismos para su reutilización y evitar nuevos procesos de contaminación.
PROFEPA reporta 79 inspecciones y 13 clausuras industriales
La subprocuradora de Inspección y Vigilancia Industrial, Gabriela Ortiz Merino, informó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) tiene como objetivo realizar más de 80 visitas de inspección durante este año.
Hasta el momento de la reunión, la dependencia había efectuado 79 inspecciones y 13 clausuras industriales relacionadas con la vigilancia ambiental en la cuenca.
La funcionaria explicó que las empresas que descargan aguas residuales industriales en las redes municipales sin cumplir con la normatividad pueden generar responsabilidades para los ayuntamientos.
Por ello, solicitó a los gobiernos municipales identificar las industrias conectadas a sus sistemas de drenaje, revisar las condiciones de sus descargas y trabajar en la desconexión de aquellas que incumplan las disposiciones ambientales.
También señaló que las sanciones económicas no serán la única medida contra los responsables, ya que se buscará que las empresas involucradas financien la reparación de los daños ambientales ocasionados.
Plantean centro de vigilancia del Atoyac conectado al C4 y C5
El comisionado del Proyecto del Río Atoyac, Isauro Martínez, informó que se contempla establecer en Puebla un centro de vigilancia y seguridad del afluente, vinculado con los sistemas C4 y C5.
Este mecanismo permitiría fortalecer el seguimiento de las condiciones del río y facilitar la coordinación entre las autoridades encargadas de su recuperación.
Asimismo, propuso incorporar revisiones periódicas sobre los avances del saneamiento en las mesas estatales de seguridad.
Martínez explicó que la recuperación del Atoyac también busca proteger los mantos freáticos, prevenir la contaminación de fuentes de agua potable y reducir los riesgos para las familias que habitan en los 22 municipios de la cuenca.
En esta estrategia participan la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la PROFEPA.
Capacitan a empresas para prevenir nuevas descargas contaminantes
Por su parte, el subprocurador de Prevención Ambiental, Alberto Rojas, explicó que el Gobierno federal desarrolla acciones de capacitación, acompañamiento técnico, inspección y vigilancia para mejorar el cumplimiento de las normas ambientales.
Detalló que en Puebla se ha capacitado a más de 73 empresas identificadas por su alta incidencia contaminante.
Durante este año, las autoridades trabajan con otras 33 empresas pertenecientes a los sectores manufacturero, metalúrgico, químico, automotriz y textil.
El funcionario agregó que el Centro Regional de Prevención y Calidad Ambiental, habilitado en el Tecnológico de Puebla, permitirá ampliar la capacitación dirigida a empresas y gobiernos municipales.
También se implementarán herramientas de autodiagnóstico y monitoreo para identificar riesgos ambientales y establecer medidas correctivas.
Sin embargo, aclaró que participar en estos programas preventivos no libera a las empresas de las inspecciones ni de las sanciones que correspondan en caso de incumplimiento.
Autoridades municipales deberán atender las descargas de sus demarcaciones
Durante la reunión, Alejandro Armenta Mier reiteró que los gobiernos municipales deberán asumir sus responsabilidades en el saneamiento del río Atoyac.
Entre las acciones señaladas se encuentran la instalación de biodigestores, la conexión de descargas a colectores y la implementación de sistemas adecuados de tratamiento de aguas residuales.
El gobernador también advirtió que no habrá excepciones ante el incumplimiento de las obligaciones ambientales, incluso cuando las irregularidades involucren a operadores públicos de servicios de agua.
Por su parte, Isauro Martínez señaló que la estrategia dará prioridad a la prevención, aunque las personas o empresas que continúen contaminando estarán sujetas a multas y medidas de reparación ambiental.
El objetivo establecido por las autoridades federales y estatales es avanzar hacia la recuperación del río Atoyac en 2030, mediante inversiones en infraestructura, vigilancia permanente y coordinación con los municipios y sectores productivos de la región.
