Irina Díaz
La defensa legal de Rafael N., identificado como el presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl, habría ofrecido un millón de pesos a una de las víctimas lesionadas para que desistiera de la denuncia presentada en su contra, reveló el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, vicealmirante Francisco Sánchez González.
En entrevista, el funcionario señaló que el ofrecimiento fue realizado por los abogados del imputado; sin embargo, aclaró que el proceso penal continúa su curso y que las investigaciones no se verán afectadas por este tipo de acciones.
“Estamos tranquilos, la investigación ha sido firme y confiamos plenamente en la autoridad judicial”, expresó.
Sánchez González reiteró que existe confianza en el trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y por el Poder Judicial para que el caso llegue hasta sus últimas consecuencias y se determine la responsabilidad del acusado conforme a la ley.
Asimismo, enfatizó que no habrá impunidad, independientemente de cualquier ofrecimiento económico que pudiera hacerse a las personas afectadas para intentar que retiren las denuncias.
El caso del presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl provocó preocupación entre automovilistas de la zona metropolitana de Puebla luego de que, durante varios meses, se reportaran disparos contra vehículos que transitaban por esa vialidad, principalmente en el tramo cercano al Tecnológico de Monterrey y Angelópolis.
Las primeras evidencias surgieron a través de publicaciones en redes sociales, donde conductores compartieron fotografías de sus unidades con impactos de bala. No obstante, el miedo impidió que inicialmente las víctimas acudieran ante las autoridades a presentar denuncias.
Fue hasta principios de junio cuando un joven lesionado por proyectil de arma de fuego decidió denunciar formalmente los hechos, lo que permitió a la Fiscalía iniciar una investigación más amplia y reunir posteriormente un total de 10 denuncias por tentativa de homicidio calificado, lesiones, daño en propiedad ajena y ataques peligrosos.
Tirador sería empresario farmacéutico:
Como resultado de las indagatorias, Rafael N., empresario de 67 años relacionado con el sector farmacéutico, fue detenido durante la madrugada del 14 de julio en el fraccionamiento Residencial Santa Fe, en San Andrés Cholula, mediante una orden de aprehensión.
La Fiscalía informó que, durante el cateo, el imputado presuntamente disparó contra agentes ministeriales, quienes repelieron la agresión y lograron concretar su captura.
En el domicilio fueron aseguradas tres armas cortas semiautomáticas, un rifle, una escopeta y más de 500 cartuchos útiles. De acuerdo con la autoridad ministerial, el detenido contaba con permisos para actividades de cacería.
La identificación del presunto responsable fue posible gracias a diversas diligencias periciales y de inteligencia, entre ellas análisis balísticos, reconstrucción de trayectorias, estudios periciales en tres dimensiones, revisión de cámaras de videovigilancia e investigación criminal. Uno de los elementos que permitió relacionar los distintos ataques fue la presencia recurrente de un vehículo sin placas en las zonas donde ocurrieron las agresiones.
El secretario de Seguridad Pública recordó que el esclarecimiento del caso fue resultado de la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, lo que permitió establecer que los hechos respondían a un mismo patrón delictivo y no se trataba de incidentes aislados.
Tras su captura, Rafael N. fue presentado ante el Ministerio Público y se reservó su derecho a declarar. Posteriormente, un juez de control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanece internado en el penal de San Miguel mientras continúa el proceso en su contra.
Durante la audiencia inicial, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas y adelantó que buscará el respaldo del Consulado de España al argumentar que su representado también posee la nacionalidad española.
Finalmente, Francisco Sánchez González insistió en que la investigación se mantiene sólida y aseguró que las autoridades seguirán actuando conforme a derecho, sin que los presuntos intentos de llegar a acuerdos económicos con las víctimas alteren el desarrollo del proceso judicial.
