CIUDAD DE MÉXICO (24 de junio, 2026) — El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, encabezaron una mesa de trabajo con los dirigentes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC). El encuentro tuvo como propósito dar continuidad al seguimiento institucional de las demandas formuladas por el sector del autotransporte federal, logrando la suscripción de una minuta de acuerdos que desactiva las convocatorias a movilizaciones en las redes viales del país.
Acuerdos institucionales y ejes de la agenda de seguridad
La reunión de alto nivel derivó en el establecimiento de una ruta de atención formal que compromete la participación coordinada de las dependencias federales para el desahogo de los puntos expuestos en el pliego petitorio de la organización de transportistas. Los temas centrales de la mesa de negociación se concentraron en el fortalecimiento de las estrategias de seguridad y vigilancia en los corredores carreteros nacionales con mayor índice delictivo, así como en la revisión de trámites administrativos y procedimientos regulatorios que, según los agremiados, inciden negativamente en la operatividad del sector.
Los representantes del Gobierno de México ratificaron la disposición del Poder Ejecutivo para mantener abiertos los canales de interlocución y concertación política en el marco de las atribuciones normativas de cada área. Por parte del sector transportista, el presidente de la AMOTAC, Rafael Ortíz Pacheco, notificó de manera formal que, en atención a los compromisos institucionales plasmados en el documento de trabajo, la organización determinó desistir de la ejecución de movilizaciones, paros y bloqueos en las autopistas y carreteras federales que se tenían previstos a nivel nacional.
A través de esta concertación, la administración federal refrendó su directriz de privilegiar el diálogo constructivo, la atención oportuna de las demandas gremiales y la edificación de consensos por las vías pacíficas y dentro del marco legal vigente, con la finalidad de salvaguardar el orden público, la economía nacional y el libre tránsito de mercancías y pasajeros en todo el territorio de la República.
