CIUDAD DE MÉXICO. — La Secretaría de Economía representó con éxito al Estado mexicano en un arbitraje internacional iniciado por la empresa estadounidense Silver Bull Resources, Inc. (Silver Bull). El Tribunal Arbitral resolvió el caso por unanimidad a favor de México, desestimando en su totalidad una reclamación financiera que superaba los 315 millones de dólares. El procedimiento legal se había promovido en junio de 2023 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo perteneciente al Banco Mundial que se encarga de resolver controversias entre inversionistas y Estados, tomando como base las directrices del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Antecedentes del conflicto minero en Coahuila
El origen del litigio corporativo se remonta a las acciones de Silver Bull a través de su filial Minera Metalín S.A. de C.V., corporación que entre los años 1996 y 2002 adquirió diversas concesiones de explotación minera en la localidad de Sierra Mojada, en el estado de Coahuila. La firma extranjera argumentaba que, a partir de septiembre de 2019, una cooperativa minera de la región había frustrado el desarrollo de su proyecto extractivo, asegurando que los opositores contaban con el supuesto respaldo de las autoridades locales de la demarcación.
Frente a estas acusaciones, la defensa legal del Estado mexicano sostuvo que las autoridades gubernamentales de Coahuila actuaron de manera razonable ante el conflicto social que la misma empresa Silver Bull provocó con los pobladores de Sierra Mojada. Asimismo, los representantes de México demostraron que las reclamaciones económicas presentadas por la minera ya estaban prescritas o se encontraban completamente fuera del alcance normativo del TLCAN, añadiendo además que Silver Bull carecía de la capacidad técnica y financiera indispensable para poner en marcha el proyecto industrial propuesto.
Resolución definitiva del Tribunal Arbitral y consecuencias jurídicas
El 29 de mayo de 2026, el Tribunal Arbitral emitió su fallo definitivo unánime en beneficio de la postura mexicana, rechazando formalmente la postura de que el Estado hubiera promovido o respaldado el bloqueo de las instalaciones mineras. El cuerpo colegiado determinó que carecía de competencia legal para resolver el fondo del asunto, concluyendo que los hechos invocados por la compañía estadounidense ocurrieron fuera del periodo temporal en el que legalmente podían ser evaluados bajo el marco del TLCAN. Derivado de esta resolución, el Tribunal ordenó a Silver Bull reembolsar al gobierno de México una suma relevante de dinero para cubrir los gastos y costos generados por el proceso de arbitraje.
Esta resolución judicial representa una victoria jurídica para el Estado mexicano que fortalece la certeza en materia de inversiones internacionales, al confirmar los límites de las obligaciones asumidas por el país en los tratados internacionales y esclarecer que las controversias operativas locales no eran atribuibles a las instituciones públicas. La representación legal de México estuvo a cargo de los funcionarios adscritos a la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, quienes contaron con el respaldo técnico de las firmas especializadas Tereposky & DeRose LLP y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP. Actualmente, el laudo se encuentra en un periodo de revisión para identificar y proteger datos confidenciales, posterior a lo cual será publicado de forma íntegra en la plataforma digital del CIADI para su consulta pública.
