Irina Díaz
“Se me hace raro que los partidos de oposición sean o atrevidos o ignorantes”, respondió el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, ante las acusaciones de persecución política del exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, quien recibió una sanción del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) por presuntas faltas administrativas.
El funcionario negó que el Gobierno de Alejandro Armenta haya intervenido en el procedimiento contra el panista y sostuvo que el Poder Judicial tiene autonomía para investigar y emitir resoluciones sin depender del Ejecutivo estatal.
“El Poder Judicial del Estado no es el Gobierno del Estado. El Poder Judicial del Estado es un organismo autónomo, como la Fiscalía, como el Congreso”, expresó.
Esto ocurre después de que Rivera cuestionara el momento en que se dio a conocer la resolución en su contra y señalara que podría tratarse de una persecución política rumbo a las elecciones de 2027.
“Se me hace raro que los partidos de oposición sean o atrevidos o ignorantes. Porque el Poder Judicial del Estado no es el Gobierno del Estado”.
Así respondió @JLG_PARRA a los señalamientos de persecución política por la sanción a @eduardorivera01. Dijo que el Poder Judicial es autónomo, como la @FiscaliaPuebla y el @CongresoPue, y que el @Gob_Puebla no interviene, ni incide, ni participa en investigaciones.
— Ventana Pública (@VentanaPub) November 5, 2026
El exalcalde anunció que impugnará la determinación del tribunal, que contempla una multa de 15 millones de pesos y una inhabilitación de 15 años para ocupar cargos públicos, por presunto abuso de funciones durante su administración municipal.
Armenta pidió revisar cuentas desde 2025
Para descartar que exista una acción dirigida contra el panista, García Parra recordó que el gobernador Alejandro Armenta llamó desde el 28 de julio de 2025 a presidentes y expresidentes municipales a revisar sus pendientes ante la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Explicó que el mandatario hizo esta invitación en al menos tres ocasiones durante ese año, para que quienes tuvieran observaciones pendientes acudieran a presentar documentación y aclararan el manejo de los recursos públicos.
De acuerdo con García Parra, la ASE notificó a exautoridades municipales que todavía tenían procedimientos abiertos y les concedió un nuevo plazo para entregar pruebas y solventar las observaciones de sus administraciones.
El coordinador señaló que este llamado se hizo antes de la controversia actual, precisamente para evitar que las revisiones fueran interpretadas como represalias políticas.
También sostuvo que las obligaciones de fiscalización no desaparecen cuando termina una administración ni pueden quedar suspendidas por el inicio de un proceso electoral.
“¿De cuándo acá el que inicie un proceso electoral implica que habrá un velo protector y que no debas asumir tus responsabilidades?”, cuestionó.
Hay otros exalcaldes con investigaciones pendientes
Agregó que existen otros expresidentes municipales con observaciones sin solventar e incluso carpetas de investigación ante la Fiscalía por presuntos desvíos de recursos en distintos municipios de Puebla.
Por ello, pidió que todos los exfuncionarios atiendan sus procedimientos ante las autoridades fiscalizadoras y ministeriales, sin importar el partido político al que pertenezcan o el periodo en que estuvieron al frente de un ayuntamiento.
Sobre el expediente de Rivera, aclaró que desconoce los elementos específicos que llevaron al TJA a emitir la sanción, pero subrayó que el exalcalde puede recurrir la resolución mediante los mecanismos legales correspondientes.
La determinación contra el panista no representa una sentencia penal, sino una resolución administrativa que puede ser combatida por las vías legales.
