El último paso en el Circuito Juan Pablo Segundo
La tarde del 25 de agosto de 2015 quedó marcada en la memoria colectiva de Puebla como el inicio de una de las tramas más complejas de la justicia local. Paulina Camargo Limón, una joven de 19 años que cursaba la decimoctava semana de su embarazo, acudió a una cita ginecológica en las inmediaciones del Circuito Juan Pablo Segundo y la 18 Sur. La revisión médica de rutina tenía como objetivo monitorear el estado de gestación, un proceso que compartía con su expareja y padre del menor, José María Sosa Álvarez.
Al salir del consultorio, las cámaras de seguridad de la zona registraron los últimos momentos en que se tuvo conocimiento del paradero de Paulina. Las imágenes mostraron a la joven caminando junto a Sosa Álvarez, conocido en su entorno como “Chema”. Tras abordar un taxi, el rastro de Paulina desapareció por completo. La alerta de su familia se activó de forma inmediata al no regresar a su hogar, dando inicio a una búsqueda que se prolongaría por más de una década.
La hipótesis de La Margarita y el Relleno de Chiltepeque
Las primeras indagatorias ministeriales se concentraron en las declaraciones del propio José María Sosa, quien fue detenido pocos días después debido a las inconsistencias en sus testimonios. La reconstrucción inicial planteada por la entonces Procuraduría General del Estado apuntó a que el acusado trasladó a Paulina a su departamento, ubicado en la unidad habitacional La Margarita. De acuerdo con las líneas de investigación iniciales, en ese sitio se habría producido una agresión física que derivó en el fallecimiento de la joven.
El caso tomó un rumbo crítico cuando las autoridades ministeriales presumieron que el cuerpo de Paulina fue depositado en un contenedor de basura cercano al inmueble. Entre los meses de agosto y noviembre de 2015, se desplegó un operativo masivo en el relleno sanitario de Chiltepeque. Durante casi noventa días, maquinaria pesada, peritos forenses y binomios caninos especializados removieron toneladas de desechos sólidos urbanos en busca de indicios biológicos. A pesar de los esfuerzos logísticos y la presión social, la búsqueda concluyó sin éxito: los restos de Paulina no fueron localizados en el sitio. La ausencia del cuerpo se convirtió desde entonces en el principal obstáculo técnico para el proceso penal y en una constante fuente de incertidumbre para la familia Camargo Limón.
El laberinto legal y las sentencias revocadas
El proceso judicial avanzó por dos vías paralelas debido a las particularidades del sistema penal de la época. Por un lado, bajo las normas del sistema tradicional, en febrero de 2019 se dictó una primera sentencia condenatoria contra José María Sosa. El juez de la causa le impuso una pena de 16 años y seis meses de prisión tras hallarlo responsable de los delitos de homicidio simple y aborto.
No obstante, la estrategia de la defensa legal del imputado se basó en la interposición de múltiples recursos de amparo, argumentando violaciones a los derechos fundamentales, al debido proceso y, primordialmente, haciendo valer el vacío legal que significaba sostener una condena por homicidio sin el hallazgo físico del cadáver. Tras varios años de litigio en tribunales federales, las autoridades judiciales otorgaron los amparos que invalidaron las pruebas principales del caso de homicidio. La condena inicial quedó sin efectos jurídicos y Sosa Álvarez fue absuelto de los cargos de homicidio simple y aborto.
A pesar de este revés para la parte acusadora, el procesado no obtuvo su libertad. El 15 de abril de 2018, la Fiscalía General del Estado de Puebla había abierto una segunda causa penal bajo las reglas del Sistema Penal Acusatorio, imputándole formalmente el delito de desaparición de persona cometida por particulares. Esta vinculación a proceso mantuvo a “Chema” tras las rejas bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desahogaban las etapas de investigación complementaria e intermedia.
La jornada definitiva en el tribunal
Tras años de dilaciones, audiencias diferidas y amparos cruzados, el Tribunal de Enjuiciamiento del Estado de Puebla fijó el mes de julio de 2026 para la apertura del juicio oral concerniente de forma exclusiva al delito de desaparición. El proceso llegó a su punto cúlmine la mañana del 13 de julio de 2026, fecha programada para la audiencia de alegatos de clausura.
La sesión jurídica se transformó en una jornada extenuante que se prolongó por más de 17 horas continuas. La fiscalía, los asesores legales de la familia de la víctima y la defensa técnica debatieron los últimos datos de prueba recopilados a lo largo de los casi once años de investigación. La discusión se extendió durante la tarde del lunes y avanzó a lo largo de toda la madrugada del martes 14 de julio.
Finalmente, en las primeras horas del amanecer del 14 de julio de 2026, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió su fallo definitivo. Los jueces determinaron la plena culpabilidad de José María Sosa Álvarez en el delito de desaparición de persona en agravio de Paulina Camargo Limón. El fallo cerró formalmente la etapa de debate sobre la responsabilidad del acusado, dejando establecida la autoría del delito.
El tribunal citó a las partes involucradas para el próximo 17 de julio de 2026, fecha en la que se llevará a cabo la audiencia de individualización de la pena y reparación del daño, donde se darán a conocer los años de prisión definitivos que purgará el sentenciado. La representación jurídica de la familia Camargo Limón adelantó que solicitará la imposición de la pena máxima contemplada por la legislación, la cual asciende a 50 años de cárcel. A casi once años del inicio de la investigación, el paradero definitivo de Paulina Camargo sigue sin ser determinado por las autoridades.
