Amud Conde
Durante los procesos electorales recientes en México, diversos actores políticos y partidos adoptaron una estrategia sistemática para burlar la ley y fue simular una identidad indígena con el propósito único de ocupar curules reservadas por mandato judicial para los pueblos originarios.
Este fenómeno, denominado formalmente como usurpación de candidaturas o fraude a la ley, transformó las acciones afirmativas diseñadas para garantizar representación histórica en un mecanismo de simulación institucional.
Y es que la carencia inicial de candados normativos sólidos abre una vía libre para que políticos tradicionales y operadores partidistas tramiten constancias de adscripción falsas ante autoridades ejidales locales, evadiendo el espíritu original de la norma inclusiva.
Cabe mencionar que los tribunales electorales y el Instituto Nacional Electoral (INE) establecieron obligaciones estrictas para los partidos políticos con el fin de postular personas originarias de comunidades indígenas en distritos con alta densidad poblacional.
En los procesos electorales recientes de México (especialmente a partir de 2018 y de manera notable en 2021 y 2024), diversas autoridades electorales, colectivos y comunidades originarias han documentado casos de políticos mestizos o sin arraigo comunitario que simularon vínculos indígenas para cumplir con las cuotas obligatorias.
Sin embargo, en los procesos electorales recientes, especialmente a partir de 2018 y de manera notable en 2021 y 2024, diversas autoridades electorales, colectivos y comunidades originarias han documentado casos de políticos mestizos o sin arraigo comunitario que simularon vínculos indígenas para cumplir con las cuotas obligatorias.
Algunos personajes de la política que han recurrido a esta actividad para lograr una candidatura.
Iniciamos con la poblana, Genoveva Huerta Villegas, la diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN) tuvo un escándalo en 2021 tras presentar una carta al INE en abril firmada por Julia Salas Huerta.
Dicho documento informaba que tomaba el puesto como presidenta del Consejo de Vigilancia del Comisariado de Bienes Comunales de Zapotitlán Salinas, Genoveva Huerta además de comprobar su origen indígena.
Esto con el objetivo de competir bajo las siglas del PAN de ese año como candidata de ese grupo poblacional, argumentando tener una adscripción como popoloca en Zapotitlán Salinas, Puebla.
No obstante, las autoridades comunales de la zona negaron rotundamente cualquier vínculo de la legisladora con la comunidad, entre ellos el que en ese entonces se desempeñaba como presidente del Comisariado, Pablo Cortés Salas.
Aquel hombre mencionó no saber quién era Genoveva Huerta, mientras que los pobladores del municipio tampoco la reconocían, por lo que desató fuertes impugnaciones legales.
Por otra parte, tenemos el caso de Manuela del Carmen Obrador Narváez, legisladora de Morena y vinculada a una familia de amplia trayectoria en la política nacional.
Obrador Narváez buscó la reelección por el Distrito 01 electoral en Chiapas en 2021, sin embargo, enfrentó severos cuestionamientos por parte de colectivos locales y opositores debido a la ausencia de un arraigo comunitario comprobable.
Aunque organizaciones sociales exigieron tumbar su registro por considerarlo un caso claro de usurpación, la Sala Superior y la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificaron su candidatura.
Las autoridades señalaron que Carmen Obrador ya había ocupado ese mismo cargo de elección popular en el periodo legislativo anterior representando al mismo distrito indígena.
Por lo que validaron jurídicamente su derecho a contender por la vía de la reelección bajo la misma acción afirmativa.
La política poblana Nadia Navarro Acevedo, quien estuvo involucrada en un señalamiento de esta naturaleza durante el proceso electoral federal de 2024.
Y es que su postulación como candidata a diputada federal plurinominal, Nadia Navarro bajo el partido de Social de Integración se postuló como candidata a diputada federal plurinominal amparándose en la acción afirmativa indígena.
Su registro desató críticas públicas e impugnaciones formales ante las autoridades electorales por parte de partidos políticos contrarios como Morena, así como las organizaciones sociales.
Finalmente el caso fue llevado a revisión por el INE bajo la lupa de los requisitos de auto adscripción calificada, en medio de cuestionamientos de colectivos que exigían frenar la simulación en espacios plurinominales, aunque finalmente su posición en el Congreso federal quedó firme tras los procesos de validación jurídica.
