CIUDAD DE MÉXICO — En el marco de los esfuerzos institucionales por restituir al erario público los bienes derivados de actos de corrupción, el Gobierno de México anunció la asignación directa de 5.8 millones de dólares —suma equivalente a cerca de 100 millones de pesos— para el fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de la región de la Montaña de Guerrero. Durante la conferencia matutina efectuada en Palacio Nacional, las autoridades federales precisaron que los recursos restituidos se destinarán de manera prioritaria al equipamiento, mantenimiento y expansión de planteles de nivel medio superior y superior en zonas con altos índices de rezago social.
Esta bolsa económica constituye el primer paquete de activos efectivamente liquidados e ingresados a la tesorería nacional como resultado de los juicios civiles promovidos por el Estado mexicano en las cortes del estado de Florida, Estados Unidos. Dichos procesos legales fueron entablados en contra de la red corporativa encabezada por el exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y sus socios comerciales, la familia Weinberg. De acuerdo con los informes presentados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), los montos repatriados provienen específicamente de la ejecución de una póliza de fianza y del remate judicial de 12 propiedades inmuebles situadas en la zona metropolitana del condado de Miami-Dade.
El origen del litigio internacional responde a la identificación de un esquema sistemático de desvío de fondos públicos que operó entre los años 2008 y 2018, periodo en el cual se detectaron irregularidades y triangulaciones financieras por un monto estimado superior a los 400 millones de dólares mediante la asignación indebida de contratos de seguridad. Para rastrear la ruta del dinero, la UIF coordinó acciones con la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como con organismos de supervisión financiera en jurisdicciones como Panamá, España y El Salvador. El expediente técnico calcula que la red instrumentalizó operaciones mediante empresas fachada por montos acumulados que rebasan los 500 millones de pesos y 700 millones de dólares.
Como parte del informe integral de combate a la delincuencia financiera, el organismo fiscalizador reportó que en la presente gestión se ha logrado el congelamiento de más de 24 mil cuentas bancarias vinculadas a actividades ilícitas. Dentro de este universo de activos bloqueados, aproximadamente 7 mil 800 cuentas pertenecen a integrantes de la delincuencia organizada y más de mil 400 están asociadas a carpetas de investigación por el delito de extorsión. El Gobierno de México mantendrá la vigencia de las demandas civiles promovidas en tribunales extranjeros para lograr la recuperación de bienes adicionales atribuibles a esquemas de corrupción administrativa.
