Irina Díaz
Puebla también será objeto de revisión por los contratos que el Instituto Electoral del Estado (IEE) otorgó a empresas relacionadas con una presunta red de corrupción en la proveeduría de materiales electorales, caso que derivó en investigaciones federales tras los señalamientos contra la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala.
En rueda de prensa el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, informó que en Puebla se identificaron contrataciones por 179.1 millones de pesos entre 2014 y 2025, por lo que respaldó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) revisen los procedimientos y determinen si existieron irregularidades.
Explicó que 49.4 millones de pesos corresponden al periodo de 2014 a 2023, mientras que otros 129.7 millones se contrataron durante 2024 y 2025.
Este último monto corresponde principalmente a un contrato adjudicado en marzo de 2024 a Comercializadora JVLY por 129 millones 700 mil 584 pesos, para suministrar material electoral y de simulacro utilizado en los comicios locales.
¿Cómo comenzó la investigación?
El caso tomó relevancia nacional luego de la difusión de videos y grabaciones que relacionaron a Guadalupe Taddei con José Alfredo Hernández Casillas, empresario señalado como uno de los principales beneficiarios de contratos electorales.
Las revelaciones sobre presuntos acuerdos con proveedores y posibles conflictos de interés llevaron a cuestionar las contrataciones realizadas durante su gestión. Taddei dejó la presidencia del INE el 25 de octubre, en medio de los señalamientos.
A partir de estos hechos, la ASF informó que abrió investigaciones de oficio sobre las contrataciones del INE y los 32 organismos electorales estatales. La revisión contempla adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025, con el propósito de identificar concentración de proveedores, posibles irregularidades y responsabilidades de funcionarios.
La investigación también alcanzó a empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, entre ellas Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Comercializadora JVLY y Corporativo ZEG.
De acuerdo con la información presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, estas compañías habrían obtenido contratos por 2 mil 740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025.
Sheinbaum descarta que el caso comenzara con Taddei
Durante su conferencia matutina del 5 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la presunta red de proveedores electorales tiene antecedentes desde la década de 1990 y no comenzó con Guadalupe Taddei.
La mandataria explicó que los hermanos Hernández Casillas tuvieron antecedentes laborales en dependencias federales durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y posteriormente se incorporaron al sector empresarial como proveedores de materiales electorales.
También señaló que la red se fortaleció entre 2014 y 2023, durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el INE.
Sheinbaum recordó que Taddei fue designada inicialmente en un organismo electoral local por autoridades electorales de aquella etapa y rechazó que su nombramiento haya sido una decisión directa de Morena.
Sin embargo, aclaró que eso no significa eximirla de responsabilidades. Si se comprueba que cometió alguna irregularidad, deberá responder ante las autoridades.
La presidenta pidió que la ASF continúe las auditorías y que las contrataciones de material electoral sean transparentes.
García Parra pide cuentas claras en Puebla
En su posicionamiento, García Parra sostuvo que las investigaciones deben alcanzar a todos los involucrados, sin distinción de partidos, personas o periodos de gobierno.
El funcionario presentó cuatro puntos de la postura estatal: investigación sin excepciones, respeto a la autonomía del INE y del IEE, transparencia de los contratos electorales de Puebla y colaboración institucional para garantizar certeza en las elecciones de 2027.
“Se está desenmascarando a la mafia electoral”, señaló el coordinador de gabinete, @JLG_PARRA, quien replicó lo que dijo Sheinbaum: la red de contratos del @INEMexico y OPLEs no nació con Guadalupe Taddei. Viene de años atrás, se fortaleció con Lorenzo Córdova y Taddei deberá asumir su responsabilidad.
— Ventana Pública (@VentanaPub) November 5, 2026
También pidió que los convenios celebrados por el organismo electoral poblano en procesos anteriores sean públicos y puedan ser revisados.
El coordinador insistió en que el Gobierno estatal no pretende anticipar responsabilidades ni descartar posibles implicados, pues corresponde a las autoridades fiscalizadoras y ministeriales establecer si existieron faltas administrativas o delitos.
La revisión cobra relevancia rumbo a la elección del 6 de junio de 2027, cuando Puebla renovará distintos cargos de representación popular.
Por ahora, los 179.1 millones de pesos señalados por García Parra corresponden a contrataciones identificadas en el estado, no a un daño patrimonial ya acreditado. Las investigaciones deberán establecer si hubo simulación de competencia, beneficios indebidos o alguna otra irregularidad en la asignación de los contratos.
